Universidad Nacional Autónoma de México: la huelga del CEU

"MES: ENERO"

El 29 de enero a las cero horas se paralizaron las actividades de la Universidad Nacional Autónoma de México, al estallar un movimiento de huelga convocado por el Consejo Estudiantil Universitario. El paro de labores, cuyo antecedente más inmediato se remontaba a 19 años atrás, conmovió a la opinión pública y al medio intelectual y académico del país.

La posibilidad de un conflicto universitario se fue haciendo evidente entre septiembre y diciembre de 1986, aunque desde el 16 de abril de 1986 el rector Jorge Carpizo había dado a conocer el documento “Fortaleza y debilidad de la Universidad”, en el que se exponían con claridad los problemas del deterioro académico de la Universidad Nacional.

Entre abril y el 11 de septiembre de 1986, fecha en que el rector sometió al Consejo Universitario 21 puntos para elevar el nivel académico de la Universidad, se recibieron 1 700 ponencias de cuya lectura y análisis derivaban los puntos en cuestión.

La aprobación de las medidas propuestas fue impugnada por los representantes estudiantiles, quienes protestaron porque no se cumplió el estatuto que indicaba que debían transcurrir 15 días entre la presentación de las modificaciones y su aprobación. La mayoría de los consejeros se apoyó en la posibilidad de declarar “de obvia resolución” todos los puntos, lo que restó legitimidad a la sesión.

Tres de los puntos propuestos por el rector resultaron particularmente delicados, y de inmediato provocaron reacciones de oposición dentro de la Universidad. El primero se refiere a la elevación de cuotas para los cursos universitarios; el segundo a la propuesta de realizar exámenes departamentales que permitan asegurar que los cursos impartidos tengan un mínimo de nivel académico, y el tercero consiste en limitar el pase automático de las preparatorias de la Universidad a sus licenciaturas.

La consideración del costo económico de la educación superior inmediatamente fue atacada como la evasión del Estado, en detrimento de las clases populares, de su deber de ofrecer educación gratuita. Los exámenes departamentales dividieron de inmediato a la comunidad universitaria, pues como las clases se imparten a partir de ideologías tan diferentes, resulta muy difícil conciliarlas en la elaboración de un examen único por departamento, particularmente en el área de las humanidades. El punto orientado a limitar el pase automático ocasionó grandes protestas entre los preparatorianos.

El hecho es que la discusión universitaria que no se dio durante el periodo abierto por el rector a la consulta brotó de manera violenta después de esa reunión del Consejo Universitario. Un grupo de estudiantes denominado Consejo Estudiantil Universitario empezó a organizar la protesta contra estas reformas para promover su derogación. El 27 de octubre organizó su primer mitin en la explanada de la Ciudad Universitaria y el 4 de noviembre publicó su primer desplegado.

El CEU comenzó su organización con la formación de brigadas de estudiantes para auxiliar durante el sismo. Esa experiencia organizativa le permitió avanzar su postura hasta convertirse en el interlocutor único de la Rectoría.

El gobierno federal apoyó al rector. Yo di instrucciones a los titulares de Gobernación, Educación Pública y el Departamento del Distrito Federal para que le brindaran todo su apoyo. Nos preocupaba la reacción de los rechazados por la Universidad, que necesariamente incrementarían su número. Teníamos pocas expectativas de que el personal académico adoptara actitudes de mayor responsabilidad, pues se encontraba desalentado por la baja sensible de sus salarios, aunque me informaron que la mayoría apoyaba al rector.

En noviembre y diciembre, las protestas del CEU fueron tomando fuerza. El 6 de noviembre se dio la primera marcha fuera de Ciudad Universitaria: aproximadamente 20 000 estudiantes marcharon del Monumento a Álvaro Obregón, en San Ángel, a la Universidad. La presión surtió efecto y el 11 de noviembre la Rectoría se manifestó abierta al diálogo.

El día 18 propuso algunas medidas que matizaban las disposiciones impugnadas. Ofrecía a los alumnos que no alcanzaran el promedio requerido de ocho para el pase automático diversos mecanismos para mejorarlo; anunciaba la posibilidad de un programa de becas para estudiantes de bajos recursos, y contemplaba la posibilidad de un instructivo para el diseño de los exámenes departamentales, de manera que se garantizara la libertad de cátedra.

El 24 de noviembre, el CEU publicó un desplegado en el cual rechazaba categóricamente la propuesta de la Rectoría e insistía en la derogación inmediata de la reforma. Al día siguiente, y para refrendar su postura, organizó una marcha exitosa del Parque Hundido a Ciudad Universitaria.

El 4 de diciembre la Rectoría propuso crear una comisión especial para revisar las reformas, con representantes del Consejo Universitario, del STUNAM y de las AAPAUNAM, de grupos de estudiantes y del CEU. Este último rechazó la oferta e hizo una contrapropuesta: la comisión debería incluir un mayor número de representantes del CEU y sus simpatizantes, de manera que la relación CEU-Rectoría fuera paritaria.

El 11 de diciembre hubo otra muestra del apoyo estudiantil con que contaba el CEU: decenas de miles de alumnos, maestros y trabajadores universitarios participaron en una marcha del Parque de los Venados a Ciudad Universitaria.

El 17 de diciembre se pudo llegar finalmente a un acuerdo, en buena medida porque la Rectoría aceptó la mayoría de las exigencias planteadas por el CEU, en un gesto que —en general— fue interpretado como una demostración del espíritu conciliador y negociador que animaba al rector, aunque no faltó quien lo calificara de debilidad.

El 24 de diciembre se publicó un comunicado conjunto en el que se anunciaba la creación de una comisión especial formada por 10 representantes de cada una de las partes, quienes tenían opción de recurrir a asesores previamente establecidos. Se acordó que se realizarían dos rondas de conversaciones. La primera se fijó del 6 al 12 de enero. Si se llegaba a un acuerdo, se le comunicaría al rector, quien convocaría el 28 de enero al Consejo Universitario, y se daría una segunda ronda de pláticas del 17 al 21 de febrero.

En diciembre tuve dos reuniones con Carpizo. El día 16 conversamos: yo le di orientaciones generales, pues no soy un experto en la Universidad que pudiera definirle qué hilos jalar en qué momento. Como lo sentí muy presionado e incluso deprimido, decidí convocarlo para el día 22 a una reunión en la que también participaran los titulares de Gobernación, Programación y Presupuesto, Educación Pública y el Departamento del Distrito Federal, a fin de brindarle el mayor apoyo posible.

En dicha ocasión señalé que todos teníamos que trabajar para que el problema universitario se quedara en la Universidad. Enfaticé, porque hubo sugerencias en otro sentido, que debíamos evitar cualquier medida represiva. También me opuse a la sugerencia de que sacáramos del país a las cabecillas del movimiento. Reiteré instrucciones para que las marchas universitarias fueran cuidadas, procurando que los estudiantes se condujeran en orden, pero sin que ello implicara caer en sus provocaciones.

Hasta ahora, el respeto a la autonomía universitaria ha impedido que el gobierno elabore un programa para enfrentar los problemas de la UNAM y de otras universidades del país. Esa autonomía hace que los rectores vean con recelo la asesoría del secretario de Educación, quien por su parte considera que le corresponde normar la educación superior del país. Este conflicto se hace evidente en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

El 6 de enero se inició el diálogo público entre el CEU y la Rectoría en el auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, que da cabida a miles de personas, al tiempo que se difundió por Radio Universidad. Carpizo se abrió, pues confió en que la opinión pública mayoritaria, tanto dentro como fuera de la UNAM, estaba de su lado: se sintió muy seguro. Su forma de manejar el conflicto, flexibilizando sus posiciones, derivó de que le hizo mella el argumento del CEU en el sentido de que había pasado las reformas de manera rápida, autoritaria, y que las consultas anteriores habían sido superficiales.

A la luz de sus resultados, Carpizo se encuentra relativamente arrepentido de haberse abierto tanto. Le echa la culpa a Bartlett, quien dice que lo animó a actuar de esa manera. El problema estriba en que durante el diálogo se hizo evidente que la burocracia universitaria no tiene el adiestramiento polémico ni el conocimiento de las tácticas de masa que demostraron tener los líderes estudiantiles. Por tanto, fue claro en el curso del diálogo que los estudiantes ganaron la partida.

Yo vi, por ejemplo, un programa televisado en el que se enfrentaron los representantes del CEU con Ignacio Burgoa. Fue evidente que los líderes estudiantiles tenían una mejor capacidad de expresión e ideas más claras. Además, no dejó de sorprenderme que el rector pusiera a una persona tan discutible en términos políticos como Burgoa a representar los intereses de la Universidad.

Cabe anotar que Carpizo no autorizó expresamente que el diálogo fuera radiodifundido, sino que este hecho determinante se le escapó; ocurrió por decisión e impulso de autoridades menores. A pesar de estos errores, creo que la realización de un diálogo muy abierto fue positiva, pues existía en el ambiente un trauma derivado del movimiento de 1968, en el que la opinión compartida es que en ese episodio faltó diálogo. Naturalmente, Carpizo ha sido criticado por los sectores más reaccionarios de la Universidad, de la burocracia gubernamental y de la sociedad.

En el curso del diálogo, los estudiantes impugnaron la política económica gubernamental, implicando con ello una confrontación con el gobierno. En realidad, varios de mis colaboradores veían este movimiento como uno de agitación política con fines ulteriores. Los miembros del CEU, con habilidad, fueron pasando el meollo de la discusión de las reformas propuestas por Carpizo al cuestionamiento sobre la naturaleza del proyecto universitario, buscando, sin duda, rematar en la supuesta necesidad de elaborar un nuevo proyecto de Estado.

El análisis de los curricula de los dirigentes y de aquellos que los asesoraron, así como su pericia en la agitación y el apoyo abierto que recibieron del PSUM y del PRT, hicieron que naciera la sospecha de que buscaban algo más que la superación académica y la reforma de la UNAM.

El gobierno siempre tiene que partir de la hipótesis más negativa. En este caso, de que los ceuistas buscaban el autogobierno, el asambleísmo, el consejo paritario, la elección popular de directores y aun del rector y, en fin, imponer el modelo de la Universidad de Guerrero que, de alguna manera, se ha extendido, con sus diferencias, a Sinaloa, Oaxaca y Puebla. Una universidad demagógica significa la destrucción de la Universidad; significa convertirla en un foro para tratar temas extrauniversitarios.

Por otro lado, es innegable que muchos estudiantes, profesores e investigadores se sienten asfixiados y frustrados por el ambiente prevaleciente en la Universidad. También es cierto que el deterioro del salario real de los profesores constituye un problema. Un análisis cabal de los resentimientos y frustraciones que en este conflicto afloraron debe incluir la actuación de varios rectores en el pasado. Habría que analizar todo lo que en su momento soltaron Barrios Sierra, González Casanova, Soberón y Rivero. El hecho es que existe el caldo necesario para que se dé un movimiento de agitación dentro de la Universidad.

El rector tiene que enfrentar el hecho de que los universitarios, directores, investigadores y maestros son muy cobardes; se niegan a hacer frente a la problemática, pues temen comprometerse pensando que el rector puede caer. De hecho, la autoselección de quienes prefieren permanecer en la Universidad congrega a las personas con menos capacidad de enfrentamiento.

Por su parte, los estudiantes que no son agitadores no están dispuestos a enfrentarse a golpes y empujones con la minoría organizada, de manera que por pequeña que ésta sea determina los eventos. Al CEU se unieron, por la naturaleza de sus demandas, todos aquellos que querían que la Universidad siguiera igual.

Todo ello hizo difícil que quienes estaban a favor del rector se pronunciaran. Sin embargo, era indispensable lograr que lo hicieran. El consejo gubernamental al rector fue que evitara la bilateralidad del conflicto, que propiciara el pronunciamiento de terceros. Resultó evidente que Carpizo necesitaba hacer más maniobras políticas.

Cuando el diálogo entre el CEU y la Comisión de Rectoría llegó a la disyuntiva de convocar o no, por plebiscito, a la formación de un congreso universitario resolutivo, yo le comenté al rector, quien me habló para consultarme, que ello era absolutamente inaceptable, pues implicaba destrozar el orden jurídico de la Universidad.

Roto el diálogo, vino la huelga. A partir de ese momento, el rector sólo podía recuperar el liderazgo con ideas y acciones políticas. Carpizo tenía que crecer políticamente o caer. Hablé con él varias veces y le mandé recados con los secretarios de Estado que por la naturaleza de su trabajo tienen que estar en contacto frecuente con él.

Mi mensaje consistió en sugerirle que dejara ver su programa a futuro, pero que lo hiciera con sutileza. Para ello, debía empezar por lucir los puntos de su programa de reforma que eran aceptados por todos y destacar que en aquéllos en los que había diferencia de opiniones, él había estado abierto.

Esto debía hacerse en un contexto que refrendara la noción de que las reformas propuestas sólo eran la primera de una serie de etapas para mejorar la situación en la Universidad. Carpizo tenía que crear conciencia de la necesidad de acabar con un inmovilismo que sólo abundaría en el deterioro de la Universidad.

Sin embargo, la necesidad de buscar la conciliación entre las intenciones de elevar el nivel académico y la existencia de un conflicto masivo dentro de la Universidad obligaba a caminar de puntitas. Por ejemplo, si bien era necesario plan- tear la separación del sistema de educación media de la Universidad, esto no podía ser propuesto por el rector, pues provocaría inmediatamente reacciones de violencia en las preparatorias, colegios de ciencias y humanidades y colegios de bachilleres de todo el país. Pero podía promoverse que algún académico lo planteara, a fin de que el tema empezara a ventilarse. Sólo así podrá algún día ser abordado por las autoridades universitarias.

El programa de Carpizo debía dibujarse a varias manos, a fin de sondear el ambiente, dejando que el rector recogiera aquello que ya estuviera maduro. Eso es entrar con cuidado.

A mí la huelga no me asustó. Dadas las alternativas, me pareció que la paralización de las actividades en la UNAM pesaba más en contra del CEU que del rector, pues propiciaba la dispersión de los estudiantes y el desgaste de sus líderes. Nuestro temor consistía en que se llegara a afectar el trabajo de otras universidades, pues sabíamos que el CEU mandaba comisiones a los diversos estados e invitaba a agitadores locales a participar en sus asambleas. De cualquier forma, la huelga debilitaba a los líderes del CEU y ellos lo sabían. Carpizo recobró su brío durante la huelga; en esos días lo encontré casi emocionado.

Desde que estalló la huelga se sabía que el Consejo Universitario se reuniría el 10 de febrero. La expectativa en torno a esa fecha fue creciendo, pues los líderes del CEU se presentaron ante la opinión pública como dispuestos a llegar a un arreglo del conflicto si la propuesta del rector recogía de manera razonable las inquietudes de la comunidad. Amplios segmentos de la sociedad que habían seguido el conflicto universitario también se mantenían atentos al desarrollo de dicha reunión, pues sabían que de ella dependería la prolongación de una situación que podría volverse peligrosa.

El 10 de febrero, a propuesta del rector Jorge Carpizo, el Consejo Universitario de la UNAM aceptó la realización de un congreso universitario, comprometiéndose a “asumir” sus resoluciones. También aceptó suspender las tres medidas más objetadas por los estudiantes: la reglamentación del pase automático, la elevación de cuotas y la implantación de exámenes departamentales.

Aunque la capacidad del rector para resolver un conflicto que por sus posibles dimensiones preocupaba a todo el país lo prestigió dentro de la Universidad, sobre todo entre los grupos académicos más tradicionales y en los sectores más conservadores de la sociedad, en general se le tachó de debilidad. La conciencia de ello golpeó severamente su estado de ánimo.

Unos días después del 10 de febrero me habló por teléfono y me dijo que sentía que ya no tenía la capacidad para servir adecuadamente como rector. Dijo que se sentía moralmente descalificado y que había perdido capacidad de convocatoria. Comentó que estaba pensando en renunciar, para que otro pudiera hacer frente de manera más eficiente a los líderes ensoberbecidos del CEU.

Yo le contesté que no coincidía con esa apreciación. Le hice ver que la opinión pública le tenía respeto, porque había logrado resolver el conflicto. Le pedí que no tomara una medida precipitada, sino que lo pensara bien y que dentro de unos días me hablara.

Para mí era evidente que lo peor que podía ocurrir en ese momento era que renunciara, porque la persona que pudiera sustituirlo tendría que radicalizarse, tomando una actitud muy dura, que haría resurgir el conflicto, o bien condescender hasta entregar la Universidad al CEU. Por ello, tan pronto terminé de hablar con Carpizo telefoneé a Bartlett, a González Avelar, a Carlos Salinas y a Ramón Aguirre, que son las personas dentro del gobierno que tienen más contacto y cercanía con el rector, y les pedí que lo animaran, haciéndole ver que resultaría muy inoportuno que renunciara.

Por otro lado, le envié recados a Fidel Velázquez, a Claudio X. González, a Fernando Solana y a Guillermo Soberón, para que también me ayudaran a fortalecer al rector. Todos coincidieron en que lo peor sería su renuncia.

A los pocos días, Carpizo vino a comer conmigo. Cuando llegó, insistió en su actitud, señalando que en el medio universitario era calificado de débil. Tuve que hacer un verdadero esfuerzo de reafirmación psicológica para convencerlo de que se quedara en la Rectoría. Le sugerí que me presentara un documento con las reformas académicas que él sentía que se podían sacar adelante y aquellas que eran deseables, pero que en este momento consideraba imposibles. Le ofrecí que personalmente lo ayudaría a planear una estrategia y una táctica para lograr los objetivos deseados, y que para conseguirlos podía contar con el apoyo de todo mi gobierno. Insistí en que, si organizaba con cuidado el congreso, podría encabezar el impulso reformista.

Mi decisión de apoyar al rector también nacía de la convicción de que, así como los problemas de la Universidad no se pueden resolver trabajando sólo desde dentro, tampoco pueden resolverse trabajando sólo desde fuera. Nada se puede hacer sin el apoyo de un rector que esté convencido y dispuesto a tomar la bandera de la renovación universitaria.

Carpizo estaba muy dolido porque había corrido por la Universidad la versión de que Gobernación lo había obligado a ceder a las peticiones del CEU. Quienes criticaron lo ocurrido señalaron que el gobierno no había querido entrar al fondo del problema. Estas posturas implicaban que hubiera sido deseable el uso de la fuerza pública para reprimir a los estudiantes, la deportación de sus líderes o medidas similares.

El 16 de marzo Carpizo, ya recuperado anímicamente, me trajo un documento en el que se exponía el mapa político de la Universidad. Me explicó la postura y distribución de los distintos grupos ante la reforma y el conflicto. Lo que me impactó fue lo ingenuo de algunos de sus planteamientos. Por ejemplo, me pidió que pusiera en orden a los partidos políticos. Tuve que hacerle ver que eso ya es imposible. Baste señalar que ni las directivas de los partidos políticos pueden controlar a los grupos que dentro de la Universidad actúan en su nombre.

También me pidió que hiciera una denuncia penal contra el rector de la Universidad de Guerrero. Le expliqué que un asunto así lo tenía que hablar con el gobernador, pero que, como José Francisco Ruiz Massieu tomaría posesión el primero de abril, me era muy difícil crearle un problema a los pocos días de que hubiera tomado el poder.

Los planteamientos de Carpizo me hicieron evidente, una vez más, la paradoja de que todos piden, para fortalecer la democracia, que se limite el poder presidencial y, sin embargo, en la realidad, cuando surgen problemas, esas mismas personas o grupos vienen a solicitarme que les dé la mano a fondo, que les resuelva los problemas, que les plantee la forma de salir adelante.

El movimiento de la UNAM, en el contexto social y político actual, resulta un fenómeno complejo. Las inquietudes que se manifestaron tienen diferentes orígenes y fueron de distinto tipo. Yo creo que el CEU puede ser entendido como una confederación de los grupos de izquierda. Participaron en su movimiento todos los partidos de izquierda. El más activo y radical fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores. El Partido Socialista Unificado de México lo fue menos; incluso alguno de sus subgrupos, como el MAP, que dirigen Rolando Cordera y los hermanos Eduardo y Pablo Pascual, le dio su apoyo al rector, al igual que Carlos Monsiváis y Martínez Soriano, quien fue un radical como rector de la Universidad de Oaxaca.

Hubo muchos rumores de que Gobernación había hecho movimientos subterráneos. Esto no es exacto, pues tuvimos buen cuidado de vigilar con atención esa posibilidad. Puedo estar prácticamente seguro de que no hubo mano negra del gobierno.

Ahora bien, dada la ideología de los estudiantes movilizados y de una parte de los profesores, es difícil pensar que el Congreso Universitario limitará su discusión a cuestiones académicas. Ello dependerá de cómo se integre el congreso, pero yo creo que será inevitable que se plantee el tema de la Universidad como motor de la transformación del país. Empezarán por preguntarse cuáles son los problemas del país, para entonces definir qué tipo de Universidad se requiere para lograr la transformación. Este tipo de discusiones, aunque nos incomoden, son sanas.

Yo creo que la Rectoría debe preparar un programa integral que se discuta abiertamente. Se debe permitir que en el congreso universitario se dialogue lo que se quiera dialogar, sea sobre temas políticos o académicos. El rector debe plantear, de manera hábil y no siempre directa, los asuntos que considera medulares, como el gigantismo de la institución, la posible autonomía de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales de la UNAM, etcétera.

Carpizo se asustó cuando le insistí en que debería ir a fondo, esto es, que debía lanzar ideas y esperar a conocer la reacción de los distintos grupos, para ver así cómo podría moverse. Nuestros científicos e intelectuales frecuentemente pecan de timidez y abulia. Prueba de ello fue la comida que el 2 de marzo tuve con los miembros de El Colegio Nacional, y que se realiza más o menos una vez al año.

Normalmente, en esa comida los llamados “sabios” lo único que hacen es pedirme dinero; me plantean el problema de sus salarios y sus requerimientos para más publicaciones. El año pasado, al terminar la reunión, les comenté a Soberón y a González Avelar lo poco atractivo que me resultaba reunirme con este grupo, si su actitud consistía en tratarme como si fuera el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública.

Por eso, este año, los orientaron para que me trataran temas de fondo. Dada la coyuntura, el tema que escogieron fue el de la UNAM. Tristemente, se limitaron a preguntarme qué pensaba hacer con la Universidad. Les di mi visión. Les dije que habíamos logrado salir del conflicto, importante tanto por sus implicaciones directas como por su posible influencia sobre el resto del sistema universitario del país. Reconocí que todavía había signos de riesgo, pero añadí que la postura del gobierno era ayudar a la Universidad.

Al terminar mi explicación, irritado por su pasividad, cuestioné su actitud frente al problema universitario. Les dije que se movilizaran, que hicieran valer sus puntos en presentaciones televisivas. En fin, traté de hacerles ver que yo no puedo aceptar que vean el problema universitario como si fuera un problema personal mío.

Desilusionado por esta reunión, confirmé la experiencia derivada de la cena que González Avelar me organizó el 27 de febrero con un grupo de intelectuales. El resultado fue el mismo: tampoco hubo propuestas.

La enorme timidez o apatía de estos grupos es francamente decepcionante. Comprendo que la investidura presidencial en ocasiones inhiba a los expositores, pero más a fondo creo que la sociedad en general reacciona con pasividad frente a sus problemas. Todo el mundo trata de evitar asumir posturas que lo comprometan.

Lo que ha vivido la Universidad hasta este momento es sólo un episodio de algo que va a seguir. Por ello, le insistí al rector que no se confíe del tiempo; no conviene echarle tierra a lo ocurrido con el deseo de que se diluya en la nada, porque tarde o temprano el conflicto volverá a surgir. No es paciencia y pasividad lo que se necesita, sino ideas e iniciativas.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.