La reconversión industrial

"MES: NOVIEMBRE"

El 11 de noviembre, el titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), Alfredo del Mazo, asistió a la Cámara de Diputados para explicar el significado y los objetivos del proceso de reconversión del sector industrial paraestatal. Esta política se enmarcaba en un contexto más amplio, en el que se procuraba corregir una serie de deficiencias del aparato productivo nacional, para que los productos de la industria mexicana tuvieran mejor calidad y menores costos, en beneficio de los consumidores nacionales y con la finalidad de aumentar las exportaciones. La exposición del tema hecha por el funcionario y el intercambio de ideas que siguió en la sesión de preguntas y respuestas con los legisladores permitieron a la sociedad ahondar en la discusión de la política del gobierno del presidente Miguel de la Madrid para modernizar y restructurar el sector paraestatal.

En los meses anteriores, funcionarios de alto nivel en distintas áreas del gobierno mexicano y personalidades del mundo empresarial habían venido utilizando el término "reconversión industrial" para referirse a una serie de cambios que sería deseable introducir en la industria nacional, tanto en el sector público como en el privado, con la finalidad de hacerla más eficiente.

Por ejemplo, a finales de mayo, según se conoció por los diarios, el subsecretario de Minas e Industria Paraestatal Básica de la SEMIP, Romárico Arroyo, señaló que las empresas siderúrgicas del Estado -Altos Hornos de México y Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas- serían sometidas a un proceso de reconversión industrial que preveía su capitalización y modernización, así como un impulso tecnológico y productivo. En junio, la prensa dio noticia de un informe preliminar publicado por la SEMIP, relativo al programa de reconversión industrial del sector paraestatal, en el cual se explicaba que las acciones que el gobierno emprendería para impulsar la reconversión consistirían, por una parte, en inversiones en las áreas estratégicas de la economía y, por otra, en reformas administrativas en las empresas públicas, para evitar la duplicidad de funciones y reducir los costos. Asimismo, se mencionaba que el gobierno federal asumiría los pasivos de algunas paraestatales y que continuaría la suspensión de proyectos que carecieran de viabilidad financiera, siempre y cuando con ello no se pusiera en riesgo la soberanía nacional.


Comparecencia ante la Cámara de Diputados del titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Alfredo del Mazo, el 11 de noviembre

Mientras tanto, en relación con la próxima adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), funcionarios de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) hacían referencia a aumento de la eficiencia de las empresas de sector privado, que resultaría de la mayor apertura de la economía al comercio internacional En julio, el recientemente nombrado director de Nacional Financiera, (Nafinsa), Ernesto Marcos Giacomán, declaró que el gobierno estaba decidido a promover la reconversión industrial a la que describió como un proceso de articulación y reorientación de la industria, para asegurar la competitividad de los bienes mexicanos en los mercados internacionales, aunque aclaró que la reconversión no significaba orientar el aparato productivo exclusivamente a la exportación. Finalmente, poco después de la suscripción de un nuevo acuerdo sobre la deuda externa con los organismos internacionales, afinales de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el Banco Mundial había concedido créditos por 500 millones de dólares para impulsar los cambio estructurales de la economía, entre los que se encontraba la adopción de nuevas tecnologías y la reconversión industrial. (Para mayor información sobre este punto, consúltese el capítulo correspondiente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el mes de julio de este mismo volumen.)

Las referencias parciales al tema causaron desorientación entre el público respecto al significado, los propósitos y los costos de la re conversión industrial. Debido a esto, amplio grupos de la población no entendían del todo el concepto de reconversión y lo asociaban meramente a la política para liquidar paraestatales que operaban con pérdidas.

Por ejemplo, la quiebra de la siderúrgica paraestatal Fundidora Monterrey, la cual provocó en el mes de mayo el despido masivo de 8 000 trabajadores, fue decidida a raíz de las grande pérdidas económicas que generaba, como con secuencia de la tecnología obsoleta de sus instalaciones y la baja productividad de su mano de obra, según explicaron las autoridades. Por otra parte, la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) anunció por esas fechas un recorte al gasto público presupuestario, para controlar el déficit frente a la caída de las exportaciones petroleras, y se informó de la futura liquidación y venta de más de 120 entidades públicas que operaban en los sectores industrial, de comunicaciones y financiero. (Consúltense los capítulos "Restructuración y situación financiera del sector paraestatal" y "Ajustes tácticos de la política económica ante el colapso petrolero" en los meses de marzo y abril de este mismo volumen.)

En cierta medida, estos acontecimientos hicieron que, en adelante, el público asociara la reconversión de la industria paraestatal con el cierre de empresas y el despido de trabajadores. Incluso había quienes atribuían a la reconversión la gran desocupación laboral que estaba ocurriendo en las empresas privadas desde los primeros meses del año, sin entender que era resultado de la severa crisis económica que sufría el país. En estas condiciones, dichos individuos consideraban como una locura pretender abrir más la economía al exterior, mediante la adhesión de México al GATT, -medida identificada como parte de la reconversión-, pues temían que ello provocara aún más cierres de empresas y mayor desempleo.

Los representantes del sector empresarial y del movimiento obrero organizado manifestaron distintas opiniones respecto a esta política. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Silvestre Fernández Barajas, declaró el 27 de agosto que "la reconversión industrial no marchará mientras no haya garantías a la planta productiva" . Señaló, asimismo, que se vivía una etapa de sobrevivencia de la planta industrial, ya que las altas tasas de interés habían disminuido el número de empresas abiertas. En un sentido similar, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Juan José Moreno Sada, opinó el 29 de agosto que "la reconversión no debe ser discriminatoria únicamente en favor de las paraestatales. Se necesitan además apoyos oficiales para las empresas chicas y medianas, o se perderá competitividad en el corto plazo y en el largo. Habría muchos cierres, con el consecuente problema del desempleo". Añadió que las compañías privadas requerían programas de reconversión, pero que en ese entonces no estaban en condiciones de llevarlos a cabo, dada la situación económica nacional, por lo que era urgente que el gobierno definiera los apoyos que se brindarían para realizar la reconversión. Por su parte, el Congreso del Trabajo (CT), según informó la prensa en los primeros días de septiembre, expresó en un documento que las autoridades debían ser cuidadosas, a fin de evitar que las nuevas tecnologías provocaran recortes de personal, disminución de salarios o convirtieran al país en una nación maquiladora.


Con estos antecedentes, los ocho partidos de oposición representados en la Cámara de Diputados presentaron una propuesta el 10 de septiembre para que se invitara al titular de la SEMIP a comparecer ante esa legislatura, con la finalidad de explicar el diseño, la aplicación y los alcances de la política de reconversión industrial, la cual según estos partidos estaba ocasionando cierres injustificados de empresas y despidos masivos. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aceptó la proposición de los partidos minoritarios, siempre y cuando la justificación del citatorio a Alfredo del Mazo fuera discutida en las comisiones correspondientes de la cámara. No se fijó fecha en esa ocasión para la comparecencia, pues se necesitaba consultar con el funcionario. No obstante, el 19 de septiembre, las fracciones parlamentarias de los partidos Socialista Unificado de México (PSUM), Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y Mexicano de los Trabajadores (PMT) afirmaron que 8 000 obreros de la planta número uno de Altos Hornos de México, en Monclova, Coahuila, estaban a punto de ser despedidos debido a la suspensión de labores en la siderúrgica, a causa de la reconversión industrial. Por este motivo, pidieron que la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados se reuniera de inmediato para dictaminar sobre la solicitud de comparecencia del titular de la SEMIP.

Tres semanas después, el 8 de octubre, el director del grupo paraestatal Siderúrgica Mexicana (Sidermex), dependiente de la SEMIP, Guillermo Becker Arreola, dio a conocer e] Programa de Reconversión de la Industria Siderúrgica a los 27 diputados de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial. Entre los puntos más relevantes del programa destacaban la desaparición de 21 empresas filiales de Sidermex, mediante su fusión o venta; el sanea miento financiero de Altos Hornos de México, compañía que venía sufriendo problemas económicos muy serios, y la continuación, hasta su terminación, del proyecto Sicartsa II de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa). Este último proyecto, según informó su director, Francisco Elías Salido, tendría una productividad comparable con la de las plantas acereras más modernas en países como Japón, Corea del Sur, Taiwán y Alemania, y permitiría añadir a la capacidad anual del país dos millones de toneladas de acero líquido y millón y medio de toneladas de producto terminado. La conclusión de las obras requeriría de una inversión de 1 585 millones de dólares. La Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial llegó al acuerdo, poco después, de que la comparecencia del titular de la SEMIP ante el pleno de la cámara allegaría elementos adicionales al poder legislativo acerca de la reconversión industrial y sería favorable para el intercambio de ideas. Así, el 21 de octubre, la cámara aprobó llamar al titular de la SEMIP, Alfredo del Mazo, para comparecer ante los 400 diputados el 11 de noviembre.

Al saberse que el gobierno daría a conocer en breve el proyecto de reconversión industrial, la iniciativa privada y el movimiento obrero volvieron a emitir declaraciones para ganar posiciones en el asunto. El 27 de octubre el presidente de la Concamin, Silvestre Fernández Barajas, dijo que un proyecto tan ambicioso como la reconversión industrial no podría realizarse en las difíciles condiciones financieras por las que atravesaba el país. Señaló que eran los mismos industriales los más indicados para llevarla a cabo, para lo que se requeriría aumentar el crédito y bajar las tasas de interés. Por su parte, en un desayuno el 31 de octubre con Alfredo del Mazo, que sirvió para que éste conociera las preocupaciones de los legisladores, la diputación del sector obrero comentó al funcionario que, al amparo de la crisis, el sector privado presionaba al gobierno para imponer un programa adverso a los intereses de los trabajadores. Similarmente, en un segundo documento de análisis sobre la reconversión, el CT aseveró que el Estado debería conducirla dentro de un amplio pacto político, para aminorar los costos de los desequilibrios sociales.

En su presentación ante el pleno de la Cámara de Diputados, el titular de la SEMIP expuso el significado y los objetivos de la reconversión industrial para el sector paraestatal a su cargo. Alfredo del Mazo definió la reconversión como un proceso de modernización tecnológica, productiva y de organización de las empresas y ramas industriales, con el propósito de darles competitividad y eficacia e imprimir un nuevo ritmo al desarrollo nacional. El funcionario explicó que este proceso estaba estrechamente relacionado con los cambios estructurales de la economía que buscaba impulsar el presidente De la Madrid, y que constituía una respuesta a los retos planteados al sector industrial por una compleja situación internacional y por las propias exigencias sociales internas, es decir, era necesario modernizar el aparato industrial del país para hacerlo más competitivo en el exterior y satisfacer mejor las demandas de los mexicanos de productos de buena calidad y bajo costo. Añadió que el patrón tradicional de industrialización del país, que se había orientado hacia el mercado interno por medio de la sustitución de importaciones y de un esquema proteccionista desde los años cuarenta, había promovido una importante y diversificada base industrial, pero con bajos niveles de integración y competitividad internacional, por lo que era necesario reorientar la industrialización del país. Así, la reconversión industrial no constituía simplemente un proyecto técnico, sino una estrategia del Estado mexicano para modernizar la economía, transformar la sociedad y garantizar la independencia económica. Esta estrategia no pretendía imitar a otros países, sino que arrancaba de la evolución propia de México.

En el caso de la industria paraestatal, específicamente, la reconversión buscaría los siguientes objetivos: primero, concentrar los esfuerzos económicos del Estado, dentro del régimen de economía mixta, en lo estratégico y prioritario; segundo, modernizar las ramas industriales tradicionales, para aumentar su eficiencia, mejorar su competitividad internacional y promover la creación de empleos, y, tercero, desarrollar una mayor capacidad de autofinanciamiento de las industrias paraestatales, para garantizar un ritmo de inversión y un progreso tecnológico sostenido en sus actividades.

El titular de la SEMIP precisó que la reconversión industrial del sector paraestatal había venido operando en dos etapas: una de redimensionamiento del sector y otra de reconversión de las ramas tradicionales. Ambas etapas se complementaban entre sí, ya que la primera, es decir, la desincorporación de las empresas del sector público no estratégicas ni prioritarias, permitía liberar recursos financieros y capacidad administrativa para concentrarlos en la reconversión de las empresas fundamentales. Los criterios que normaban el proceso de desincorporación eran: concentrar la participación del Estado en las ramas estratégicas o de interés prioritario; depurar el sector paraestatal de empresas que no tenían posibilidades reales de operar; fusionar entidades, con criterios de racionalidad técnica, para aprovechar mejor sus recursos y capacidades; aumentar la integración del sector en grupos industriales paraestatales, y transferir a los gobiernos de los estados las empresas directamente vinculadas a sus programas de desarrollo. Alfredo del Mazo dio a conocer que, de diciembre de 1982 a octubre de 1986, el gobierno federal había autorizado la desincorporación de 261 entidades del sector industrial paraestatal, lo que equivalía a 63% de su número original. Este proceso se había concluido ya en 94 de dichos casos, mientras que 167 se encontraban en marcha. Como resultado del proceso, la industria paraestatal se concentraría en 151 empresas, de las cuales 52 correspondían a la producción de azúcar y 49 a actividades minerometalúrgicas. En total, las industrias paraestatales operaban en 17 ramas de la actividad económica nacional.

En cuanto a la etapa de reconversión de la industria paraestatal, afirmó que el proceso se guiaba por los siguientes principios: gradualismo, para evitar cambios radicales en los empleos y el equilibrio económico regional; concertación con los obreros, empleados y proveedores de las empresas, y coordinación con los gobiernos estatales y con otras entidades del sector público. La reconversión implicaba actuar en cinco aspectos básicos: modernización técnico-productiva; modernización comercial; capacitación de la mano de obra y administrativa; saneamiento financiero, y programación del crecimiento y de las inversiones. Estos campos de acción de la reconversión tenían distintos grados de importancia relativa en las diferentes empresas paraestatales.

Por ejemplo, en la siderurgia tenía especial relevancia la modernización técnico-productiva y el saneamiento financiero. Para esto, se estaban efectuando distintas acciones dentro del Programa de Reconversión de la Industria Siderúrgica. En Sicartsa, se estaban llevando a cabo inversiones para la optimización operativa del proyecto Sicartsa I, con las que se incrementaría la utilización de la capacidad de 90 a 94 por ciento, se elevaría la productividad del trabajo de 157 a 172 ton por persona ocupada al año y se reduciría el consumo energético en 24% por tonelada a partir de 1988. Con esto se mejoraría la competitividad de la empresa en el extranjero, además de que en ese momento se exportaba 50% de la producción. Asimismo, se terminarían los trabajos de Sicartsa II, el cual a pesar de constituir el proyecto industrial en marcha más grande de todo el país, había sido interrumpido en 1985 debido a restricciones financieras. Este conjunto de modernas plantas acereras generaría 4 000 empleos permanentes y permitiría exportar productos semiterminados a partir de 1989, además de cubrir las necesidades del mercado doméstico. En Altos Hornos de México se hacían inversiones para reponer equipos, sustituir instalaciones obsoletas y eliminar puntos de estrangulamiento en la cadena de producción. Con estas inversiones se podría aumentar la productividad de la mano de obra de 118 a 200 ton y reducir el consumo de energía en 13% por tonelada para 1988. Respecto a la Fundidora Monterrey, en mayo se había tomado la difícil decisión de cancelar sus operaciones, en virtud de que, de haber continuado operando, las pérdidas en los siguientes cinco años habrían alcanzado 500 000 millones de pesos.

El programa de inversiones asociado a esta reconversión de la siderurgia paraestatal ascendía a 971 000 millones de pesos para 1987-1990, a precios constantes de 1986, de los cuales 70% corresponderían a la terminación de Sicartsa II, 14% a la reconversión de Altos Hornos, 2% a programas de Sicartsa I y 14% a la producción del grupo. Asimismo, para apoyar el proceso de reconversión, el gobierno federal había asumido pasivos por 270 000 millones de pesos de Altos Hornos, 142 000 millones de Sicartsa II y 30 000 millones de Sicartsa I.

Después de su presentación, en la que explicó también la reconversión de las demás ramas de la industria paraestatal, como fertilizantes, minería, azúcar, etc., el titular de la SEMIP respondió a preguntas formuladas por nueve diputados de oposición y cuatro priistas. Todos los partidos, excepto el PRI, impugnaron duramente la reconversión industrial. Afirmaron que no era viable por la falta de recursos económicos que sufría el país, y consideraron que sólo traería desempleo, cierres de empresas, venta de paraestatales y dependencia tecnológica. La oposición de derecha demandó al funcionario mayor libertad para la iniciativa privada y la eliminación o reducción de subsidios, mientras que los diputados de izquierda censuraron la creciente privatización de la economía nacional.

El presidente De la Madrid, al clausurar el Cuarto Simposio de la Industria Automotriz Mexicana, el 12 de noviembre, expresó que "no es momento de actitudes tímidas o medrosas que desconfíen de la reconversión industrial y de que el país pueda superar la crisis". El Primer Mandatario señaló que existían riesgos y problemas, pero que de no enfrentar los retos de la modernización, se condenaría al país a vivir con una economía incapaz de crear más empleos, insertarse en el comercio exterior y empezar una nueva etapa del desarrollo nacional.


En las opiniones transmitidas por medio de la prensa en los días siguientes, se apreció en general que no había duda acerca del aspecto central, la necesidad de la reconversión industrial, pero que se cuestionaba la forma en que se llevaría a cabo. Los empresarios se manifestaron en favor del cambio y la modernización e hicieron un llamado a los demás sectores sociales para sumar esfuerzos y mejorar así la eficiencia del aparato productivo y su competitividad en el exterior. Asimismo, pidieron al gobierno que la política de reconversión fuera duradera y que no se guiara por fechas políticas, haciendo alusión a la proximidad de la sucesión presidencial y a posibles discontinuidades en la política industrial. El sector obrero, por su parte, demandó prudencia para que no se provocaran despidos de trabajadores, con grandes costos sociales.

 
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