Venta al público de Certificados de Aportación Patrimonial de la banca nacionalizada

"MES: FEBRERO"

El 4 de febrero se inició la venta al público de acciones de los bancos que habían sido nacionalizados en 1982. En esa fecha, los dos bancos comerciales más grandes del país, Banamex y Bancomer, ofrecieron en el mercado de valores la primera emisión de sus Certificados de Aportación Patrimonial (CAP), por medio de los cuales estas instituciones incrementarían su capital social con acciones pertenecientes a los particulares. Aunque se había previsto un lapso de tres días para que el público adquiriera esos títulos, bastaron sólo unas horas para colocarlos en su totalidad. Lo que es más, la fuerte demanda provocó una rápida alza de sus precios en el mercado bursátil, por lo que sus poseedores obtuvieron ganancias de capital sumamente considerables en muy corto plazo. El acontecimiento despertó gran interés entre la prensa y el público en general.

En los tres meses siguientes, otras 11 Sociedades Nacionales de Crédito (SNC) ofrecieron también en venta sus propios títulos y los inversionistas mexicanos pudieron suscribir una parte de su capital social. Entre estas SNC figuraron tanto instituciones cuya cobertura era nacional o multirregional (Banca Serfin, Banca Confia, Banca Cremi, Banco Internacional, Banco del Atlántico y Multibanco Comermex), como varias circunscritas únicamente a determinadas zonas del país (Banco del Centro, Banco de Oriente, Banco Mercantil del Norte, Banca Promex y Banoro). El grado en el que los títulos respectivos atrajeron la atención del público varió según la institución emisora y, si bien su colocación resultó en general comparativamente menos espectacular que la de las dos pioneras, todas tuvieron una acogida muy favorable por parte de los inversionistas.

La venta de acciones de las SNC al público había sido autorizada jurídicamente hacía más de tres años en la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. Esta ley fue expedida por el Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1982, para definir las modalidades del manejo de los bancos que habían sido nacionalizados en septiembre de ese año por el gobierno. En ella se estipulaba que el capital social de éstos estaría integrado por dos tipos de acciones patrimoniales: la serie A, que podía ser suscrita exclusivamente por el gobierno federal y representaría 66% del capital de cada banco, y la serie correspondiente a 34% restante, la cual podía ser adquirida por el propio gobierno federal, por entidades de la administración pública federal, por los gobiernos de los estados y municipios, por los usuarios del servicio de crédito y por los trabajadores bancarios.

La ley establecía que ninguna persona física o moral podría poseer más de 1% del capital social de cualquier SNC y que todos los tenedores de acciones de la serie B de cada institución constituirían una comisión consultiva de la misma, pero dejando al gobierno federal su control. De esta manera, al adquirir títulos bancarios las personas incrementarían el patrimonio de la banca nacionalizada, contribuyendo a su crecimiento y a la expansión de sus servicios, sin perjuicio de la capacidad del Estado para manejarla según conviniera al interés nacional y sin riesgos de concentración excesiva del capital de la banca en un pequeño número de accionistas.

La disposición causó un gran revuelo entre la opinión pública. Las posiciones de distintos grupos de la sociedad se polarizaron, y se suscitó una acalorada polémica. Por un lado, algunos sectores consideraron que la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito representaba un retroceso de las conquistas sociales, al permitir que 34% del capital de los bancos recientemente nacionalizados estuviera en manos de particulares. Por el lado contrario, otros grupos vieron en el espíritu de la ley un intento positivo por reducir los fuertes resentimientos provocados dentro del sector privado por la nacionalización bancaria. (Véanse los apartados "Banca" e "Indemnización bancaria" en los meses de diciembre y junio del primer volumen de esta serie.)

En el lapso transcurrido desde la expedición de la ley hasta 1986, se efectuaron una gran cantidad de fusiones y restructuraciones de los bancos nacionalizados, con el propósito de mantener en lo sucesivo un número más fácilmente manejable de entidades, mejor configuradas y con tamaños económicamente eficientes. Así, la venta de acciones bancarias al público se postergó hasta que esta reorganización del sistema bancario estuvo lo suficientemente avanzada, pues hubiera causado complicaciones mayores para realizar fusiones o restructuraciones el hecho de que los inversionistas privados tuvieran injerencia como dueños de una parte del capital social. Los cambios llevados a cabo en esos años redujeron el número de SNC en el país de 60, que fueron las nacionalizadas en 1982, a solamente 19 en 1986. Aun cuando el proceso de restructuración de la banca había quedado prácticamente terminado para entonces, algunas SNC no ofrecieron acciones al público en los primeros meses de 1987, bien porque habían realizado restructuraciones muy recientemente o estaban a punto de efectuarlas (Crédito Mexicano, Banpaís, Bancreser, Banco Mexicano Somex), o porque atravesaban por un período en el que su situación financiera no era lo suficientemente sólida y, por lo tanto, sus acciones patrimoniales resultarían poco atractivas en el mercado de valores (Banco de Cédulas Hipotecarias -BCH- y Multibanco Mercantil de México). (Véanse los apartados "Restructuración de la banca nacionalizada" en el mes de agosto del primer volumen de esta serie; "Venta de las empresas no financieras propiedad de la banca nacionalizada" y "Primera reunión nacional de la banca" en los meses de marzo y julio del segundo volumen; "Indemnización bancaria", "Venta de acciones de empresas de cinco bancos" y "Restructuración bancaria" en los meses de febrero y marzo del tercer volumen.)


El 3 de noviembre de 1986, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la encargada de controlar a los bancos en el país, informó públicamente mediante un comunicado que la venta de acciones de los bancos daría comienzo próximamente. El anuncio motivó que desde meses antes de que se iniciara la venta de acciones de los bancos nacionalizados, distintos grupos volvieran a manifestarse al respecto, reviviendo en alguna medida, aunque con menor intensidad, las diferencias de opinión expresadas en la sociedad mexicana cuatro años atrás. Así, por ejemplo, la Confederación de Trabajadores de México declaró el mismo día 3, por medio de su secretario general, Fidel Velázquez, que el Estado debía conservar íntegra la banca y que los trabajadores afiliados a esa central se oponían a que participaran capitales privados en los bancos. Por su parte, el Congreso del Trabajo señaló, mediante un documento oficial dado a conocer al día siguiente, que la decisión gubernamental representaba un capítulo más de la equivocada política económica seguida por el actual gobierno. El CT exigió la cancelación de la intermediación financiera bursátil que venía desempeñando el sector privado, y advirtió sobre el peligro de facilitar la fuga de capitales al exterior al permitir la intervención de los particulares como inversionistas de la banca, aunque fuera sólo parcialmente, pues "es como poner la Iglesia en manos de Lutero" . La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, a su vez, opinó que mientras el Estado mantuviera la dirección, la presencia privada en la banca tal vez no sería lesiva, sino que podría contribuir a que ésta fuera más eficiente.

En el otro extremo del espectro de opiniones, los dirigentes empresariales -principalmente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio- consideraron el anuncio de la SHCP como positivo, ya que podía representar el inicio del proceso para devolver en su totalidad la banca al sector privado. Mientras tanto, distintos empresarios habían venido insistiendo en que la restricción que establecía como tope para la adquisición individual 1% del capital social de las SNC pulverizaba la tenencia accionaria y restaba atractivo a la oferta pública. Demandaban que la venta fuera de 100% -no de 34%- y sin límite máximo a la tenencia individual.

Para llevar a la práctica lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Banca y Crédito, la SHCP eligió a Banamex y Bancomer como las primeras SNC que ampliarían su capital social mediante la venta de títulos a particulares, ya que estos dos bancos eran los más importantes en cuanto a recursos totales, captación, crédito otorgado y utilidades. Además, por ser estas instituciones las de mayor arraigo entre la población, ofrecían al inversionista mejores expectativas de utilidades en el futuro. Todo esto hacía estimar a las autoridades que los títulos financieros que ofrecieran estos dos organismos serían más atractivos para el público que los de otras SNC menores. La ventaja de estos bancos era fundamental para iniciar el proceso de venta al público de acciones de las SNC, pues existía cierta inseguridad entre las autoridades acerca del interés que efectivamente mostrarían los inversionistas hacia los CAP de las SNC, como consecuencia de los resentimientos y desconfianzas provocados por la nacionalización de 1982.

Por su parte, al ocuparse de los aspectos concretos del proceso, tanto el consejo directivo de Banamex como el de Bancomer decidieron que ofrecerían al público dos tipos de títulos financieros estrechamente relacionados, los cuales serían negociables en el mercado de valores. Unos fueron los Certificados de Aportación Patrimonial (CAP), o acciones propiamente dichas de la serie B de cada institución, y los otros, las Obligaciones Subordinadas Convertibles en CAP. Estas últimas constituían un instrumento nuevo en el mercado mexicano, con características atractivas para los bancos y también para los posibles adquirientes. Las obligaciones eran títulos que más adelante podían ser cambiados por CAP, pero que mientras tanto no daban a quien las poseyera la categoría de accionista. Concretamente, cada obligación daba derecho a su propietario a adquirir un CAP de la institución correspondiente, cuando éste así lo deseara, otorgándosele 25% de descuento respecto a su valor en el mercado si la conversión se efectuaba en los siguientes dos años, o 20% de descuento si se realizaba más tarde. Así, este instrumento permitía a la SNC emisora hacerse de recursos inmediatamente por medio de la venta de obligaciones y le ofrecía la posibilidad de vender sus CAP en el mercado bursátil -hasta completar 34% de su capital social- a un precio superior al de la colocación inicial, conforme los precios de éstos fueran en aumento en el mercado. De este modo, al terminar las conversiones el banco podría haber obtenido un mayor monto de recursos a cambio de la misma cantidad de CAP vendidos al público.

Por otro lado, las obligaciones ofrecían al inversionista una tasa de rendimiento que provendría de tres fuentes. Una era la tasa de interés que pagarían las obligaciones, que podía ser hasta 5% superior a la llamada tasa base, es decir, la tasa neta más alta entre las de un conjunto de instrumentos a plazo de tres meses: certificados de depósitos bancarios, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento Certificados de la Tesorería de la Federación y aceptaciones bancarias. La segunda se fijaría de acuerdo con la evolución del precio de los CAP, pues de esto dependería el monto del descuento que el tenedor obtendría al momento de optar por la conversión. Finalmente, la posible alza del precio de mercado de la obligación misma beneficiaría al tenedor que quisiera revenderla antes de convertirla.

Banamex y Bancomer ofrecieron "paquetes" de CAP y obligaciones a sus empleados, funcionarios y miembros de sus consejos directivos antes de salir al mercado bursátil, permitiendo a los trabajadores de todos los niveles convertirse en accionistas de la institución en la cual prestaban sus servicios. Cada "paquete" consistía de un CAP y dos obligaciones, valuándose uno y otras al mismo precio: 11,000 pesos en el caso de Banamex y 24,000 pesos en el de Bancomer. Ambas SNC dieron crédito a sus empleados para que pudieran adquirir estos títulos, a cambio del compromiso de que no los revenderían en el corto plazo, para evitar abusos especulativos. Según datos de la prensa publicados el 15 de enero, estos bancos habían colocado ya 12% de su capital total mediante CAP y obligaciones comprados por sus empleados y funcionarios y otro 4% había sido vendido a los integrantes de sus consejos de administración. Posteriormente, el 4 de febrero, ambas instituciones ofrecieron abiertamente en el mercado bursátil más CAP y obligaciones a los mismos precios que se habían vendido a los empleados bancarios.

Cuando los títulos fueron puestos en venta pública en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los inversionistas percibieron de inmediato que el precio de colocación determinado por ambas SNC en esta primera oferta era sumamente atractivo. Según analistas de inversiones, el precio de estos instrumentos equivalía a una proporción demasiado baja de su verdadero valor: 42% en el caso de Banamex y 43% en el de Bancomer. La noticia generó una intensa demanda de los títulos en la BMV y el total que se pensaba colocar en esa ocasión -casi 8% del capital social- se agotó en unas cuantas horas.

En los días siguientes, la fuerte demanda del público de estos instrumentos provocó un alza espectacular de sus cotizaciones. El 9 de febrero, apenas tres días después de haber terminado el período de colocación, los precios de los CAP de Bancomer y Banamex habían aumentado en promedio cerca de 61%. El 13 de febrero, el incremento había alcanzado 240% en el caso de Banamex y 150% en el de Bancomer. Los precios de estos certificados habían ascendido a 37 000 y 60 000 pesos, respectivamente. La mayoría de los analistas bursátiles atribuían estas descomunales ganancias al hecho de que los CAP se habían colocado inicialmente demasiado baratos en relación con los precios de las demás acciones cotizadas en la Bolsa de Valores, especialmente aquellas pertenecientes a las empresas que operaban en el sector financiero.

En la prensa nacional se dijo incluso que se había prácticamente regalado parte importante de la banca a unos cuantos privilegiados. Los comentaristas afirmaron que en la evaluación de esos títulos habían predominado consideraciones políticas sobre las estrictamente técnico-financieras y añadieron que el gobierno había preferido vender barato ante la posibilidad de no vender, ya que esto último hubiera dañado profundamente la imagen de la banca. El 13 de febrero, el diario La Jornada publicó: "Buscar la confianza de inversionistas privados le ha costado al país, en tan sólo unos días, por lo menos 66,600 millones de pesos", cantidad en la que calculaban las utilidades obtenidas para esa fecha por los compradores originales de los CAP.

Esta opinión fue compartida por el Partido Mexicano de los Trabajadores, el cual sostuvo que se trataba de una "pérdida para la nación, porque se desincorpora una propiedad mediante el aliento a la especulación". Por su parte, el diputado Jorge Alcocer, del Partido Socialista Unificado de México, declaró que "la cotización se determinó conservadoramente, lo que hizo que en un mercado tan especulativo la oferta resultara muy atractiva; hubo entonces un error de cálculo, que significó una ganancia que dejaron de obtener los bancos". En esta línea, el PSUM demandó en el Congreso que se proporcionara información a la ciudadanía acerca de los criterios que se habían seguido para fijar los precios de las colocaciones. El 18 de febrero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respondió de manera negativa, argumentando que carecía de atribuciones para hacerlo. En esa oportunidad, la diputación priista sostuvo que los CAP tuvieron un manejo adecuado y que su éxito, en vez de esconder algo indebido, reflejaba el ambiente de optimismo y confianza de los inversionistas del país en el sistema bancario y en el futuro de la economía nacional.

En los días siguientes, las extraordinarias ganancias obtenidas por los CAP de Banamex y Bancomer atrajeron todavía más la atención de la opinión pública. A la sazón la BMV se encontraba generando utilidades exorbitantes que la ubicaban como la más rentable en todo el mundo. (Véase el apartado "Auge y colapso de la Bolsa Mexicana de Valores" en el mes de octubre de este volumen.)


Entre los especialistas técnicos del medio bursátil circularon distintas explicaciones acerca de por qué había sido tan bajo el precio al que Bancomer y Banamex habían lanzado los primeros CAP. Se mencionó, por ejemplo, que para determinar su precio inicial había sido necesario tomar como referencia la valuación de otros títulos financieros comparables, en virtud de que los CAP y las obligaciones eran instrumentos desconocidos en el mercado. Así, en los estudios técnicos efectuados para tal propósito se había analizado el comportamiento durante los últimos seis meses de los precios de las acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores, en lo relativo a la evolución de las utilidades de las empresas. Asimismo, se había estudiado la proporción entre el valor de mercado de las acciones y el capital contable de las empresas emisoras. También se había tomado en cuenta la historia de las cotizaciones de las acciones de la banca privada entre 1978 y 1982, cuando éstas habían estado inscritas en la BMV antes de la nacionalización. Debido a que todas estas relaciones financieras exhibieron niveles muy inferiores en el período analizado en comparación con lo que empezó a observarse durante 1987 en el mercado de valores, su utilización para determinar el precio de colocación de los CAP resultó ser inadecuada. A la luz de lo que sucedió en las primeras colocaciones, muchos analistas recomendaron que en lo sucesivo se guardara una relación más cercana entre el precio al que se ofrecerían los títulos y el valor contable del banco emisor.

Algunos ejecutivos de Bancomer ratificaron la impresión que prevalecía entre el público: los CAP habían salido a un mercado tradicionalmente pequeño, por lo que las autoridades habían percibido el riesgo de que no fueran absorbidos, especialmente tomando en cuenta que algunos sectores de opinión desconfiaban de la banca administrada por el Estado. Sin embargo, aclararon que en el caso de Bancomer sólo se había ofrecido públicamente en la primera colocación 7.6% del capital total, lo cual había servido para medir la reacción del mercado. El monto restante para completar la venta de 34% del capital podría ser colocado después a precios más altos. Algo semejante ocurrió con Banamex.

Entre tanto, el 19 de febrero Serfin anunció la venta de 5% de su capital accionario entre sus empleados. Para facilitar la adquisición de los títulos, les financió 80% de su valor mediante créditos pagaderos a cinco años. Se informó que Serfin no emitiría Obligaciones Subordinadas Convertibles en CAP, sino únicamente Certificados de Aportación Patrimonial. La colocación pública fue hecha el 17 de marzo. Serfin puso a disposición de los inversionistas 3 519 928 CAP, por un valor de 27 000 millones de pesos, con los cuales se completó la venta de 34% del capital de esta SNC.

A los ocho minutos de haberse iniciado la oferta pública de Serfin, los títulos ganaron 2,111 millones de pesos y obtuvieron un rendimiento instantáneo cercano a 10%. Al cierre de las operaciones de ese día, el precio de cada CAP de Serfin, que originalmente era de 8 000 pesos, había subido a 12 800 pesos: un alza de 60% en sólo un día. Banamex y Bancomer, por su parte, desde el día de su primera colocación hasta esa fecha habían reportado ya ganancias de 420% y 315%, respectivamente. Como referencia, el índice de precios y cotizaciones de la BMV -que representa un promedio de los movimientos más importantes del mercado- había crecido cerca de 100% en lo que llevaba de transcurrido 1987. Esta apreciación de los valores bursátiles resultaba muy superior a la inflación, que en el primer bimestre había sido de 16% en relación con diciembre anterior. Así, el mercado accionario mexicano estaba dando ganancias realmente espectaculares y, dentro de éste, los CAP figuraban por mucho entre las acciones líderes en términos de rendimiento.

A los dos días, los CAP de Serfin habían registrado ganancias de 135% y todo parecía indicar que seguiría su tendencia al alza. Sin embargo, ya que esta SNC no había emitido obligaciones, perdió no sólo la posibilidad de una mayor capitalización -conforme estos títulos fueran convertidos en CAP por el público a precios más altos-, sino que tuvo menor capacidad de control sobre el precio del CAP, pues dejó su cotización al juego de la oferta y la demanda, sin que las obligaciones ayudaran a desvanecer los movimientos transitorios en los precios de los CAP. De este modo, transcurrido un primer período de fuerte especulación, el precio de los CAP de Serfin se desplomó disminuyendo las ganancias para aquellos inversionistas que habían comprado a precios inferiores desde el 17 de marzo y provocando pérdidas para quienes los adquirieron a precios altos en los momentos de mayor especulación. (Véase la gráfica 3)


Durante el mes de abril se colocaron varios CAP de otras instituciones: de Banco del Centro (Bancen), Banca Cremi y Banca Confia. Asimismo, se inició la cotización en la BMV de los títulos que el Banco Internacional ya había emitido desde 1983, luego de su transformación de banca múltiple en SNC. En todos estos casos, exceptuando Confía -que no emitió obligaciones-, la tendencia fue al alza. La competencia entre los instrumentos de los distintos bancos dio lugar a que los compradores empezaran a preferir los títulos de las instituciones que les aseguraban una mejor expectativa de utilidades, aunque no fueran necesariamente los bancos de cobertura geográfica más extensa ni los de mayores recursos. En este sentido, los títulos de Bancen otorgaron mejores rendimientos entre los que se colocaron en abril. Les siguieron los de Cremi y Confia, los cuales después de un alza temprana se rezagaron y empezaron a retroceder. (Véanse las gráficas 3-15.)

A pesar de que ya empezaba a verse que en el corto plazo no todas las acciones bancarias tenían garantizado un éxito extraordinario, los exagerados rendimientos obtenidos por los títulos de los dos bancos más importantes provocaron que distintos grupos de opinión demandaran que la Secretaría de la Contraloría General de la Federación llevara a cabo una investigación a fondo acerca del proceso de venta de los CAP. Por otra parte, varias casas de bolsa se quejaron de que la cantidad de CAP que les habían vendido los diferentes bancos había sido insignificante, comparada con la que había sido colocada entre los propios funcionarios y empleados bancarios.

El 28 de abril, la Secogef solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe preciso y detallado acerca de esta venta, básicamente en lo relativo tanto a la selección de adquirientes, como a la fijación de precios. La SHCP respondió que la venta de los CAP se sujetó en todos los casos a lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, en la parte que señala que la serie B del capital total de la banca podría ser adquirida por el propio gobierno federal y entidades de la administración pública, así como por personas físicas o morales mexicanas, ninguna de las cuales podría poseer más de 1% del total. La SHCP aseguró además que el proceso de colocación entre funcionarios, empleados y clientes bancarios, más que pretender excluir de una parte de la emisión a las casas de bolsa, había buscado democratizar la tenencia de los CAP, facilitando a los allegados a cada banco una mayor vinculación al capital de su institución.

El 7 de mayo, durante la convención de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, se señaló que las emisiones habían sido acaparadas por funcionarios bancarios y líderes sindicales. Sin embargo, estos últimos aseguraron que no había habido malos manejos ni marginación de empleados de menor jerarquía, como lo demostraba el hecho de que los trabajadores bancarios hubieran obtenido créditos de hasta tres veces su salario para poder adquirir los títulos.

Durante el mes de mayo, se inició la venta pública de los CAP y obligaciones del Banco de Oriente y Banoro; Multibanco Comermex colocó acciones y obligaciones entre su personal y miembros del consejo de administración, y Promex completó la venta de 34% de su capital. El Banco del Atlántico ofreció también en el mercado sus títulos, aunque fueron solamente CAP. Al igual que en los certificados bancarios emitidos durante abril, en el caso de los bancos menos atractivos los incrementos de los precios de sus títulos se moderaron con la salida de los especuladores, una vez pasados los primeros días después de cada emisión. Cuando se trataba de bancos que exhibían muy buenos resultados en sus estados financieros y, por lo tanto, ofrecían expectativas relativamente favorables en sus rendimientos, los precios de sus títulos continuaron al alza, como en el caso de Banco de Oriente y Banoro. (Véanse las gráficas 3-15.)





Entre estos bancos, aquellos que ofrecieron "paquetes" de CAP con obligaciones los integraron a razón de una sola obligación por cada CAP y el precio de la primera fue el doble del precio del CAP, en contraste con lo realizado por Bancomer y Banamex, que habían compuesto sus "paquetes" con dos obligaciones por cada CAP, y el precio de las obligaciones había sido el mismo que el de los certificados. Así, los bancos que colocaron sus certificados después obtendrían la misma capitalización, pero a partir de la venta de un menor número de títulos. Lo que es más, el mayor precio de las obligaciones eliminaría durante cierto período el incentivo para convertirlos con descuento, contribuyendo a sostener el precio de los CAP en el futuro. Paralelamente, los precios iniciales de colocación fueron cada vez más cercanos a los valores contables. Estas innovaciones reflejaron la experiencia adquirida por las SNC en las primeras ofertas públicas de títulos de propiedad patrimonial. (Véase el cuadro 10.)

 
Cuadro 10
Características de colocación de CAP y obligaciones subordinadas convertibles
Atlántico
(abril 1987)
Banamex
(mayo 1987)
Bancomer
(mayo 1987)
Bancen
(mayo 1987)
Banorte
(febrero 1987)
Banoro
(mayo 1987)
Banorte
(junio 1987)
Comermex
(mayo 1987)
Confia
(abril 1987)
Cremi
(junio 1987)
Internacional
(mayo 1987)
Promex
(mayo 1987)
Serfin
(mayo 1987)
Razones financieras
Utilidad/recursos totales
Utilidad/captación total
Utilidad/capital contable
Utilidad/crédito otorgado
Crédito otorgado/captación total
Captación total/recursos totales
Crédito otorgado/recursos totales
 
0.55
0.66
22.84
1.06
62.40
83.35
52.01
 
1.50
2.43
32.47
2.47
98.28
61.65
60.59
 
1.60
2.40
34.02
2.38
100.62
66.89
67.30
 
2.38
2.83
31.53
4.26
66.43
84.00
55.81
 
nd
nd
nd
nd
80.48
86.23
69.40
 
2.45
2.84
51.83
3.96
71.71
86.39
61.95
 
nd
nd
nd
nd
67.29
84.52
56.87
 
0.51
0.85
23.10
0.72
118.17
60.39
71.36
 
nd
nd
nd
nd
62.27
88.52
55.12
 
0.63
0.73
23.56
1.15
64.61
85.38
55.16
 
0.43
0.47
28.14
0.50
92.83
91.85
85.27
 
1.63
1.91
41.53
2.82
67.67
85.46
57.83
 
0.80
1.14
28.54
1.16
98.66
70.05
69.11
Características de la emsión
Moto de la oferta1(millones de pesos)
Precio de los títulos (pesos)
Fecha de la oferta
Múltiplo p/u colocación
Múltiplo p/u.l. colocación3
Obligaciones emitidas (millones de pesos)
Obligaciones privadas4 (millones de pesos)
Obligaciones en circulación1(millones de pesos)
 
7 159
2 500
13-15 may.
4.79
0.83
-
-
-
 
19 078
11 000
4-6 feb.
1.37
0.42
23 006
15 150
27 278
 
12 720
24 000
4-6 feb.
1.39
0.43
25 440
-
25 440
 
3 400
5 000
9-13 abr.
2.76
0.90
6 800
-
6 800
 
924
10 000
29 abr.-4may.
2.12
0.80
2 232
-
2 232
 
5 151
8 000
29 may.-2 jun.
2.66
0.97
10 303
-
10 303
 
15 471
4 500
13-15 may.
4.61
1.18
-
-
-
 
11 853
24 500
14-15 may.
4.01
0.72
-
41 896
41 896
 
2 044
2 000
14-20 abr.
2.98
0.78
-
-
-
 
2 618
3 000
14-15 abr.
2.66
0.72
5 235
-
5 235
 
-
66
21 abr.
1.70
0.36
-
-
-
 
1 350
1 400
14-18 may.
2.71
1.13
2 025
-
2 025
 
21 119
8 000
18 mar.
2.72
0.65
-
-
-
1. Cifras redondeadas
2. Indicador del precio de la acción con las utilidades anuales del banco emisor.
3. Indicador del precio de la acción en relación con el valor contable del banco emisor.
4. Obligaciones que el banco emisor retenía en posición propia o entre empleados y funcionarios.
nd. No determinado
Fuente: Elaborado con datos de la Bolsa Mexicana de Valores.

Mientras tanto, en el mercado accionario mexicano subían aceleradamente los precios de la mayoría de las acciones de las empresas, reduciendo la subvaluación que tenían desde 1983. Esta revaluación de las acciones era inducida por el retorno de capitales del exterior, que venía ocurriendo desde finales de 1986, como consecuencia de una mayor confianza de los inversionistas en el manejo de la deuda pública y en el futuro de la economía nacional, una vez sorteada exitosamente la difícil situación planteada por el desplome de los precios internacionales del petróleo. El ingreso de capitales desde el extranjero dio como resultado que hubiera demasiado dinero en la economía en pos de pocos títulos bursátiles, lo que elevaba rápidamente sus precios. En estas condiciones, los CAP y las obligaciones bancarias ayudaron a descargar una parte de la excesiva presión financiera, al ofrecer al inversionista instrumentos alternativos a los que ya se encontraban disponibles.

Por otro lado, los altísimos rendimientos especulativos registrados en la BMV hacían menos atractiva en lo inmediato la inversión productiva en las empresas del país, frenando la creación de nuevos empleos. Este fenómeno fue ampliamente criticado por la mayor parte de la opinión pública, pues las ganancias se concentraban en un segmento mínimo de la población. En la mayoría de los casos, las mismas casas de bolsa mantenían los títulos bancarios en tenencia propia, o bien los asignaban a fondos de inversión común -que se componen de una variedad de instrumentos de rendimiento variable junto con instrumentos que no implican riesgos, como Cetes, Petrobonos, aceptaciones bancarias, etc. De esta manera, los clientes de las casas de bolsa que participaban en estos fondos recibieron por igual los rendimientos. Entre los beneficiados directamente por los CAP se contaban alrededor de 11 000 inversionistas de la BMV, así como cerca de 72 000 empleados bancarios.

Hacia mediados del mes de junio, los certificados bancarios empezaron a rezagarse, en promedio, en relación con el incremento medio de las cotizaciones en el mercado de valores. Este hecho provocó que disminuyera su demanda y los volúmenes operados. Sin embargo, la apreciación registrada de los certificados bancarios siguió siendo muy considerable. Desde el 6 de febrero hasta el 13 de julio, cada CAP de Banamex otorgó un rendimiento de 724% y los de Bancomer de 440%; Banoro, en 45 días, ganó 224%; Banco Internacional, desde el 21 de abril, dio 185%; el CAP de Bancen, colocado el 13 de abril, produjo utilidades por 176%, y el de Serfin, vendido el 18 de marzo, generó ganancias por 138%. En el caso de los otros bancos, las utilidades fueron mucho menores: Comermex, en dos meses, dio 34.7%; Confia, desde el 20 de abril, sólo produjo rendimientos de 27.5%, es decir, cercanos a los de un certificado de depósito bancario sin riesgo alguno. Los títulos que ofrecieron menor apreciación fueron los del Banco del Atlántico, que en dos meses sólo reportaron 16%, y los del Banco Mercantil del Norte, que en el mismo lapso sólo ganaron 11 %. Los inversionistas que adquirieron CAP de estos bancos hubieran logrado mayores rendimientos con una sencilla inversión a plazo fijo o con un Certificado de la Tesorería de la Federación. No todos los bancos son iguales y lo mismo sucede con sus Certificados de Aportación Patrimonial. No entenderlo así frustró a aquellos inversionistas que, atraídos por la posibilidad de obtener ganancias considerables y súbitas, asignaron indiscriminadamente sus recursos financieros a este tipo de títulos.

Por otro lado, los CAP y las obligaciones tuvieron la virtud de reforzar la intermediación financiera bancaria en la economía mexicana, mediante el incremento del capital de 13 bancos en alrededor de 425 billones de pesos. Con esto se dio un apoyo importante a las tareas de la banca nacionalizada y a los esfuerzos por aumentar una saludable competencia entre las SNC, permitiéndoles con la capitalización ampliar sus instalaciones, diversificar sus servicios, etcétera, lo cual redundaría finalmente en una mejor capacidad de los bancos para atraer ahorro del público y canalizarlo como créditos a la economía. El proceso, sin embargo, no terminó en 1987. Estaba programado que durante los siguientes años se llevarían a cabo conversiones de obligaciones a Certificados de Aportación Patrimonial y restaban también por colocarse las emisiones de otros seis bancos comerciales.


 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado:Las razones y las obras ::.