La contención de la crisis: Programa Inmediato de Reordenación Económica

"MES: DICIEMBRE"

El gran reto para el nuevo gobierno era vencer la grave situación económica y, al mismo tiempo, tomar las medidas necesarias para evitar su repetición en el futuro. En su discurso de toma de posesión, Miguel de la Madrid dio a conocer el conjunto de medidas de orden económico que su gobierno adoptaría para enfrentar la crisis y que enmarcó dentro del Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE). Este reconocía que si bien la economía mexicana enfrentaba una situación grave que requería de acciones inmediatas era igualmente necesario dar los primeros pasos para resolver los problemas estructurales. Aunque algunas de estas dificultades no habían llegado todavía a su límite, si se ignoraban, tarde o temprano constituirían problemas serios que podrían desembocar en situaciones de crisis semejantes.

Los objetivos centrales de corto plazo del PIRE -que comprendía diez puntos- eran combatir la inflación, proteger el empleo y recuperar un ritmo elevado de crecimiento económico. Para alcanzarlos, el gobierno se propuso: disminuir el crecimiento del gasto público; proteger el empleo; continuar las obras en proceso; reforzar las normas que aseguraran disciplina en la ejecución del gasto público; proteger y estimular el abasto de alimentos básicos; aumentar los ingresos públicos; canalizar el crédito a las prioridades del desarrollo nacional; reivindicar el mercado cambiario a la soberanía del país, y reestructurar la administración pública.


Una preocupación permanente en los programas económicos ha sido cuidar las fuentes de empleo

Este programa estaba enmarcado dentro de una política de "realismo económico". Esta manera de enfrentar la realidad implicaba, entre otras cosas, que el gasto público debía financiarse de una manera sana y que el tipo de cambio reflejara efectivamente las condiciones económicas del país respecto a las del exterior. Así, el precio de un bien debía reflejar su costo de producción en la medida de lo posible. Es decir, era necesario reducir los subsidios a la producción o el consumo de ciertos bienes, que permitía adquirirlos a un precio menor al de su costo de producción.

La finalidad de las autoridades al eliminar estos subsidios era doble: racionalizar el consumo, de modo que se evitara al máximo el desperdicio de los recursos, y lograr que las empresas públicas recuperaran su solvencia y su sana operación financiera, lo que permitiría reducir el déficit gubernamental.

Naturalmente, esta política no implicaba la eliminación total de los subsidios, pues éstos también son parte del conjunto de mecanismos que tiene el Estado para redistribuir el ingreso de la sociedad. Cobrar impuestos a los grupos de ingresos mayores para financiar subsidios a productos básicos de consumo popular es una forma de mejorar la situación económica y social de los grupos desfavorecidos.

Durante la primera semana de diciembre, varios funcionarios subrayaron la seriedad de la crisis, con el claro propósito de crear conciencia entre la población y de obtener el apoyo necesario para la adopción de las medidas económicas de austeridad encaminadas a afrontarla. Con ello iniciaron un proceso que habría de resultar determinante.

El 2 de diciembre, los secretarios de Gobernación, Manuel Bartlett; de Hacienda, Jesús Silva Herzog; de Comercio, Héctor Hernández; de Programación, Carlos Salinas de Gortari, y el, en ese entonces, asesor del Presidente, Francisco Rojas, dieron una conferencia de prensa conjunta en el Salón Morado del Palacio Nacional. En ella el Secretario de Programación y Presupuesto declaró que, según la experiencia de otros países, del 100% de inflación que tenía el país era fácil pasar al 200, 300 ó 500 por ciento. Señaló que la cantidad de billetes y moneda en circulación en 1982 había aumentado en casi la misma cifra que lo había hecho en forma acumulada desde el establecimiento del Banco de México en 1925 hasta 1981. Comentó que de cada peso del gasto público debían destinarse 32 centavos al pago de la deuda, y que en tres meses la banca había perdido un monto superior al valor de sus activos acumulados en más de 50 años. Asimismo, habló de que se había perdido la soberanía y que se tenía el mayor déficit presupuestal de toda la historia del país, así como que la mayoría de las empresas públicas estaban en una virtual quiebra.

El Secretario de Programación y Presupuesto mencionó también la necesidad de reducir el déficit, que por segundo año había superado el 15% del producto interno bruto (PIB), a 8.5%, y señaló que ese sería un esfuerzo sin precedente mundial. El gasto que se ejerciera sería reorientado por las prioridades a conservar los aspectos sociales básicos y a apoyar a los sectores agropecuarios, de transporte y de comercio. El sacrificio se haría en los sectores industrial y de energéticos y en los salarios de los empleados del sector público; a los funcionarios se les reducirían al mínimo las prestaciones de que gozaban.

En esa misma conferencia de prensa, los otros miembros del gabinete participantes profundizaron un poco más sobre la estrategia formulada en el PIRE. El Secretario de Hacienda y Crédito Público señaló la necesidad de elevar los impuestos y los precios de los bienes y servicios públicos con el fin de sanear las finanzas tan deterioradas, destacando la importancia de distribuir la carga de estos ajustes en la forma más equitativa posible. A su vez, el Secretario de Comercio informó de la constitución de un paquete básico de consumo popular cuyos precios estarían efectivamente controlados, para proteger así el poder adquisitivo del salario de los trabajadores.

El 9 de diciembre, el presidente De la Madrid envió al Congreso de la Unión un documento complementario a la iniciativa de la Ley de Ingresos y al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1983. En ese documento, intitulado "Criterios generales de política económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1983", y publicado íntegramente en los diarios más importantes del país, se describió claramente la situación de la economía en ese momento y las proposiciones concretas del gobierno para afrontar la crisis.

Se debe subrayar que el programa de ajuste propuesto por el nuevo gobierno era diferente a los que se habían llevado a cabo en algunos otros países latinoamericanos. Mientras que en otras economías el ajuste se había limitado exclusivamente a reducir el gasto público, sin importar en qué áreas, el gobierno mexicano tuvo especial cuidado de hacerlo en aquellas actividades que afectaran menos el empleo y la capacidad productiva del país. Además, otros puntos que no siempre se consideran en los planes de estabilización de otros países eran las disposiciones, explícitas, para asegurar el abasto de bienes básicos a precios relativamente bajos y proteger la solvencia del aparato productivo, así como conservar la proporción del gasto dedicada a la política social. No obstante estas diferencias, el programa de ajuste fue sumamente difícil de aplicar, pues los aspectos favorables que se mencionan sólo disminuían en una cierta proporción sus efectos nocivos.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado:Las razones y las obras ::.