Esquipulas II: un nuevo impulso para la paz en Centroamérica

"MES: AGOSTO"

Los días 6 y 7 de agosto los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua se reunieron en la ciudad de Guatemala con objeto de analizar los mecanismos necesarios para activar el proceso de pacificación en Centroamérica. Como resultado de la reunión, los gobiernos centroamericanos firmaron el Acuerdo de Guatemala, también conocido como Esquipulas II, en el que se comprometieron a realizar, en un plazo de 90 días, una serie de acciones encaminadas a sentar las bases para la pacificación interna en cada uno de sus países. Estas medidas consistían en iniciar un proceso de reconciliación nacional, para lo que debían establecer un diálogo con las fuerzas opositoras no armadas; acordar un cese al fuego con los grupos insurgentes o irregulares; decretar la amnistía para que esos grupos pudieran incorporarse a la lucha política, e impulsar una mayor democratización en sus países. A partir de estas acciones, se promoverían acuerdos más amplios sobre desarme y seguridad en la zona que permitieran restablecer la convivencia armónica de los países del área y activar la cooperación e integración regionales.


Bluefields, Nicaragua

La reunión cumbre de los mandatarios marcaba una nueva etapa en el proceso de pacificación, pues desde ese momento los propios centroamericanos tomaban el control del problema y mostraban de manera autónoma su voluntad política de encontrarle solución. La opinión pública internacional calificó este giro en los acontecimientos regionales como promisorio, aunque no dejaba de reconocer las enormes dificultades que tendrían que superarse antes de alcanzar la paz.

Para entonces, Centroamérica llevaba cerca de seis años en una conflictiva situación, cuyo saldo era a todas luces negativo: más de 100 000 muertes en las guerras internas y en los incidentes fronterizos, aproximadamente 300 000 refugiados y desplazados de sus lugares de origen, violaciones constantes a los derechos humanos y una situación de miseria para alrededor de 20 millones de personas. La destrucción ocasionada por la violencia se sumó a los severos efectos de la crisis económica internacional sobre la zona, lo que agravó el estancamiento y provocó incluso el retroceso en el proceso de desarrollo económico de los países del área, con el consecuente deterioro en los niveles de bienestar en la región. (Véanse los cuadros 49 y 50.)

Cuadro 49
Principales indicadores económicos en América Central
 Evolución del
producto interno
bruto
Variación
acumulada
1980-1987a
Evolución del
producto interno
bruto por habitante
Variación acumulada
1980-1987a
Evolución de los
precios al
consumidor
(variaciones de
diciembre a
diciembre)
Relación de precios
del intercambio de
bienes FOB-FOBb
Variación
acumulada
1981-1987a
Poder de compra
de las
exportaciones de
bienes
Variación
acumulada
1981-1987a
Deuda externa
total(millones
de dólares)
Relación
entre los
intereses
totales de la
deuda
externa
pagados y las
exportaciones
de bienes y
servicios
(porcentajes)
19801987a19821987a19821987a
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
-8.7
-6.8
-3.1
9.6
4.5
-9.5
-14.5
-20.5
-13.2
-17.2
17.8
18.6
9.1
11.5
24.8
6
21.2
8.5
1.8
1 225.7
9.0
-28.6
-10.4
-22.4
-13.9
20.4
-50.2
-34.3
-12.2
-39.3
3 188
1 808
1 841
1 986
3 139
3 800
2 250
2 720
3 145
6 200
36.1
11.9
7.8
22.4
41.8
19.3
13.2
16.3
16.5
69.9
a. Toda referencia a 1987 se hizo con base en estimaciones preliminares.
b. Precio libre a bordo de los productos.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 50
Principales indicadores sociales en América Central
 Crecimiento de
población total
(tasas anuales
medias por cada
100 habitantes)a
1980-1985
Crecimiento
de la población
en edad activab(tasas anuales
medias por cada
100 personas en
edad activa)
1980-1985
Natalidad
(tasas anuales
medias por cada
1 000 habitantes)c
1980-1985
Mortalidad
(tasas anuales
medias por cada
1 000 habitantes)d
1980-1985
Esperanza de
vida al nacere
Años
1980-1985
Mortalidad
infantilf (tasas
anuales medias
por cada 1 000
habitantes)
1980-1985
Analfabetismo
1985g
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
2.5
1.0
2.9
3.4
3.4
3.2
0.9
2.8
3.8
3.6
30.5
38.0
42.7
43.9
44.2
6.3
10.8
10.5
10.1
9.7
73.0
57.1
59.0
59.9
59.8
20.2
71.0
70.4
81.5
84.5
6.4
27.9
45.0
40.5
13.0
a. Tasa de crecimiento implícita en las proyecciones de población elaboradas según la hipótesis media de fecundidad.
b. Se define como la población en edad activa la comprendida entre 15 y 64 años de edad.
c. Tasas brutas de natalidad por cada 1 000 habitantes, que se definen como el cociente entre el número de nacimientos ocurridos durante un período
determinado (generalmente en año calendario) y la población media del mismo período, implícitas en las proyecciones de población elaboradas se-
gún la hipótesis de fecundidad recomendada.
d. Tasas implícitas en las proyecciones de población. Se define como el cociente entre el Número total de defunciones ocurridas durante un período
determinado (generalmente un año calendario) y la población media del mismo período.
e. Es el número medio de años que vivirá en promedio cada recién nacido de una cohorte hipotética sometida durante su vida a una determinada
ley de mortalidad
f. Defunciones de niños de 0 a 1 año de edad por cada 1 000 niños nacidos vivos. Tasas implícitas en las proyecciones de población.
g. Estimación de la UNESCO.
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina.

El Grupo Contadora, desde su formación en enero de 1983, había hecho esfuerzos continuos en pro de la pacificación regional sin lograr el éxito deseado, a pesar de contar con el respaldo moral de la comunidad internacional. A esta organización se sumó en julio de 1985 el Grupo de Apoyo a Contadora, integrado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, lo que dio un renovado aliento a las gestiones pacificadoras. Así, durante 1986 los ocho países latinoamericanos insistieron denodadamente en sus empeños para activar el proceso negociador en el área. En enero emitieron el mensaje de Caraballeda, cuyo propósito era buscar el consenso centroamericano sobre algunos aspectos que, por su complejidad, habían quedado fuera del Acta de Paz de Contadora: las maniobras militares extranjeras, el papel de las bases militares foráneas, la definición y fijación de los niveles de armamento previsibles, así como la necesidad de que el régimen sandinista y el gobierno de Estados Unidos reanudaran las pláticas en Manzanillo. (Véase el apartado "Contadora: Mensaje de Caraballeda y persistencia de las diferencias entre Estados Unidos y Nicaragua" en el mes de enero

del cuarto volumen de esta serie.) En junio, los grupos Contadora y de Apoyo se reunieron en Panamá con los representantes de los cinco países centroamericanos, a fin de analizar los dos últimos capítulos del Acta de Paz, relativos a la verificación y control de armamentos en la región y a la realización de maniobras militares en el área. El grupo mediador había advertido a las naciones de la zona que si no se lograba la firma del Acta a más tardar el 6 de junio, daría por terminada su gestión conciliadora. No obstante, la reunión concluyó sin que se consiguiera ese acuerdo, y el grupo mediador latinoamericano continuó maniobrando con dificultad ante el endurecimiento de la política de Estados Unidos en la región y la resistencia creciente de los propios centroamericanos a sus diligencias.

Un factor determinante que impidió durante 1986 el avance del proceso pacificador emprendido por el grupo mediador latinoamericano fue la aprobación, por parte del Congreso estadounidense, de un nuevo paquete de financiamiento a la contrarrevolución nicaragüense por 100 millones de dólares. Con esta decisión, tomada el 25 de junio, el presidente Ronald Reagan consiguió nuevamente el respaldo del Poder Legislativo a su política contra el régimen nicaragüense. Esta política se había iniciado desde el triunfo de la revolución sandinista en 1979, cuando Estados Unidos enmarcó el conflicto en el istmo dentro de la confrontación Este-Oeste, y buscó imponer soluciones de fuerza con base en consideraciones de seguridad nacional. Pese a que el 27 de junio de 1986 la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió un fallo en el que juzgó la injerencia norteamericana en los asuntos nicaragüenses como violatoria del derecho internacional, ese país manifestó que mantendría su política hacia la zona hasta obtener que el gobierno de Nicaragua suspendiera absolutamente todo tipo de nexos con la Unión Soviética, Cuba y otras naciones socialistas de Europa oriental, efectuara nuevas elecciones con la participación de los dirigentes de los grupos armados contrarrevolucionarios, y, previamente a los comicios, levantara el estado de emergencia y la censura sobre los medios de comunicación.

Nicaragua, por su lado, seguía supeditando su firma del Acta de Paz de Contadora a que el gobierno de Estados Unidos cesara su financiamiento y apoyo logístico a los "contras" (grupos armados antisandinistas que operaban desde territorio hondureño). Mientras tanto, enfrentaba una crítica situación interna provocada por el sostenimiento de una guerra que absorbía 63% de su presupuesto total, de por sí escaso debido al embargo comercial y al bloqueo económico y financiero impuestos por Estados Unidos. Además, las relaciones con sus vecinos regionales se habían deteriorado de manera creciente, por lo que su aislamiento en la zona era cada vez mayor.

Si bien al terminar el año las posiciones de los países centroamericanos no habían variado de manera sustancial, se habían dado algunos signos alentadores para la pacificación en el área. Las nuevas autoridades guatemaltecas, encabezadas por Vinicio Cerezo, habían mostrado un acercamiento progresivo al Grupo Contadora y al gobierno de México. Su política de "neutralidad activa", que buscaba promover el diálogo entre las naciones de la región sobre la base del respeto a su soberanía, había dado un impulso importante a la negociación entre los propios centroamericanos. La Declaración de Guatemala, firmada en enero de 1986, y la de Esquipulas, resultado de una reunión realizada en mayo, fueron propiciadas por el presidente Cerezo. En esta última, los países centroamericanos no sólo reiteraron su respaldo a las gestiones de paz de los grupos Contadora y de Apoyo, sino que acordaron formalizar reuniones entre ellos para analizar los problemas más urgentes, y se manifestaron en contra de toda injerencia externa en la zona. Guatemala continuó además promoviendo la creación de un Parlamento Centroamericano que se constituyera en el foro para dirimir de manera permanente y sistemática las controversias regionales. (Véase el apartado "Persistencia de los esfuerzos del Grupo Contadora por la paz en Centroamérica" en el mes de junio del cuarto volumen de esta serie.)

A su vez, el presidente Oscar Arias, quien asumió la primera magistratura de Costa Rica en febrero de 1986, adoptó una política exterior más independiente y de mayor flexibilidad hacia Nicaragua, e inició negociaciones para poner fin a los incidentes fronterizos. Además, proclamó el compromiso de que no permitiría que ningún grupo o fuerza antisandinista usara su territorio.

También desde diciembre Nicaragua había hecho más flexible su posición. El 17 de diciembre de 1986, el presidente Ortega había concedido un indulto al ciudadano estadounidense Eugene Hasenfus, condenado a 30 años de prisión por su participación en el suministro de armas a grupos contrarrevolucionarios que combatían a su gobierno. El indulto se había otorgado como gesto de buena voluntad, a fin de crear condiciones propicias para la reanudación del diálogo bilateral con el gobierno de Estados Unidos, el cual se había interrumpido en 1985.

Además, el régimen sandinista había intentado lograr arreglos bilaterales con aquellos países con quienes tenía mayores conflictos. El 25 de diciembre, el presidente Ortega había enviado a su colega hondureño una carta en la que proponía solucionar la tensa situación fronteriza entre ambos países originada por las actividades de los contras por medio del otorgamiento de una amnistía, con todas las garantías legales, a los miembros de esos grupos que desearan regresar a Nicaragua, y unos meses antes había hecho lo mismo con Costa Rica.

No obstante, los incidentes fronterizos entre los centroamericanos se recrudecieron, y al terminar el año pareció inminente la cancelación de la labor mediadora de los grupos Contadora y de Apoyo. La negociación continuaba bloqueada y los gobiernos de Costa Rica, El Salvador y Honduras cuestionaban sus gestiones. Con todo, la comunidad internacional mantuvo su respaldo a la labor del grupo mediador latinoamericano. La ONU y la OEA aprobaron en noviembre una iniciativa para integrar una fuerza observadora que supervisara en las fronteras de los cinco países centroamericanos el cese del tráfico de armas. Con esta medida se buscaba garantizar la seguridad regional, que era la condición que habían impuesto los países del área para firmar el Acta de Paz de Contadora. Además, acordaron impulsar programas de asistencia económica y social en la zona, a fin de atacar a fondo el origen de los conflictos en la región. Asimismo, en diciembre, el grupo fue galardonado con el premio Beyond the War (Más allá de la guerra), que anualmente otorga la prestigiada fundación estadounidense del mismo nombre. Esto era una muestra más del reconocimiento mundial al esfuerzo conciliador desarrollado por el Grupo Contadora a lo largo de cuatro años en los que, era indiscutible, había logrado crear una conciencia internacional a favor de la paz y había impedido una intervención militar directa por parte de Estados Unidos al elevar el costo político que ésta tendría. Así, las labores del grupo mediador latinoamericano habían sido determinantes para evitar una conflagración generalizada en el área.

Paralelamente a este reconocimiento internacional, los ocho miembros de los grupos Contadora y de Apoyo habían ido incrementando la calidad de sus vínculos hasta llegar en diciembre, durante una reunión que sostuvieron en Río de Janeiro, Brasil, al acuerdo de crear un foro de discusión y concertación sistemático y permanente (Grupo de los Ocho), que no sólo estaría enfocado a la mediación en el conflicto centroamericano, sino a otros asuntos prioritarios en el área, como son la posición de los países latinoamericanos ante la crisis económica internacional, en especial la deuda externa, y la integración y cooperación económica regional para el desarrollo. En esa reunión se anunció, además, que los cancilleres del Grupo de los Ocho efectuarían en enero de 1987 una gira urgente por Centroamérica, a la que se invitó a participar a los secretarios generales de la ONU y de la OEA.

Los días 19 y 20 de enero, luego de sostener una reunión preparatoria en Panamá, el Grupo de los Diez -como fue conocido, por el número de sus integrantes- llevó a cabo una gira por Centroamérica con la intención de recabar las impresiones de los jefes de Estado de los países de la región y desbloquear el proceso de negociación en el área. Durante ese recorrido, los mandatarios centroamericanos presentaron diversas propuestas individuales para conseguir la paz.

El día 19, en Costa Rica, el presidente Arias Sánchez manifestó al grupo visitante que su gobierno estaba promoviendo una acción conjunta con sus contrapartes de El Salvador, Guatemala y Honduras, a fin de lograr que el Congreso de Estados Unidos suspendiera el financiamiento a los contras nicaragüenses a cambio de una serie de medidas que el gobierno sandinista debería tomar para su "democratización". Esas medidas incluían el cese al fuego; el establecimiento de un diálogo entre el gobierno de Nicaragua y los grupos políticos que residían en el país; el ejercicio de una presión política y diplomática sobre ese gobierno para que iniciara el citado proceso y lo cumpliera con base en un esquema estricto; la búsqueda de la participación de "democracias con autoridad moral", especialmente de países europeos, para supervisar el nuevo plan de pacificación; la elección de un foro que garantizara el cumplimiento de dicho plan, y, como último paso, la realización de elecciones "libres" en Nicaragua. Asimismo, Arias Sánchez reiteró sus deseos de que se avanzara hacia una resolución diplomática de los conflictos en la zona y su compromiso de impedir el uso del territorio de su país para que se agrediera a otras naciones. Sin embargo, rechazó la posibilidad de un arreglo bilateral con Nicaragua, inclinándose por una fórmula multilateral. El régimen sandinista, por su parte, presentó al Grupo de los Diez un plan de paz de nueve puntos en el que se llamaba a la suscripción inmediata de un acuerdo entre los presidentes centroamericanos conforme a las normas fundamentales del derecho internacional y con mecanismos de verificación y control en los sitios de conflicto. El mismo día, el presidente de Guatemala reafirmó al grupo mediador su disposición de participar en las gestiones de los grupos Contadora y de Apoyo.

El 20 de enero, el presidente de Honduras, José Azcona Hoyo, entregó al grupo mediador un documento en el que pedía que la OEA fuese el foro para la pacificación de Centroamérica y acusaba a Nicaragua de ser la punta de lanza de la "penetración cubano-soviética" en el istmo. Asimismo, garantizó que Honduras no agrediría a Nicaragua salvo en legítima defensa, ni permitiría que otra nación utilizara su territorio para invadirla. Sin embargo, descartó la posibilidad de un entendimiento con ese país mediante acuerdos bilaterales, comisiones fronterizas o negociaciones directas.

Ese mismo día, el presidente de El Salvador, José Napoleón Duarte, propuso al Grupo de los Diez una fórmula de paz centrada en una serie de condiciones que Nicaragua debía cumplir y que incluía el retiro de sus demandas presentadas en 1986 ante la Corte Internacional de Justicia contra Costa Rica y Honduras por facilitar su territorio para uso de los contras, el fin de la "agresión a la democracia salvadoreña", el cese del apoyo que supuestamente Nicaragua otorgaba a las organizaciones insurgentes salvadoreñas y la necesidad de que ese país se ajustara a los conceptos sobre democracia, libertad, justicia y pluralismo que sostenían las naciones del Grupo de Tegucigalpa, integrado por Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Al concluir su misión, el grupo mediador se trasladó a la ciudad de México, donde el día 21 de enero emitió un comunicado con las conclusiones de su evaluación. En él se señalaba la persistencia de una falta de voluntad política por parte de los países centroamericanos para llegar a acuerdos concretos y la necesidad de continuar el proceso negociador del grupo mediador latinoamericano.

Entretanto, al finalizar el año tuvieron lugar en Estados Unidos ciertos sucesos que hicieron vislumbrar la posibilidad de que se pudiese modificar en algo la política exterior que este país había aplicado en la región. En noviembre, el Partido Demócrata había recapturado la mayoría en la Cámara de Senadores y ampliado su número de diputados en la de Representantes. Además, en ese mes estalló el escándalo "Irangate" o "Irancontras" que afectó fuertemente la credibilidad de la institución presidencial y el apoyo a su política exterior. Se esperaba por esto una mayor oposición del Poder Legislativo a la política del gobierno de Reagan hacia el área centroamericana.

Dicho escándalo comenzó el día 7, cuando la prensa norteamericana reveló que durante los últimos 18 meses el Ejecutivo había llevado a cabo, en secreto, operaciones para suministrar armas y pertrechos militares a Irán, con el fin de conseguir la liberación de rehenes estadounidenses secuestrados por el grupo proiraní Gihad Islámica (Guerra Santa) en Beirut, Líbano. También trascendió que parte de los recursos obtenidos por esas ventas fueron utilizados para financiar a los grupos contrarrevolucionarios que operaban en Nicaragua desde campamentos instalados en Honduras y Costa Rica.

La información inicial sobre este asunto afirmaba que esas maniobras contradecían la política presidencial de no establecer negociaciones de ninguna índole con terroristas y violaban diversos ordenamientos jurídicos internos, además de la Enmienda Boland, la cual prohibía al Ejecutivo el otorgamiento de asistencia a los grupos antisandinistas sin la aprobación del Congreso. Posteriormente, las investigaciones al respecto hicieron evidente que existía, aparte del Departamento de Estado, toda una estructura clandestina que tomaba decisiones en materia de política exterior. Se dijo que esas decisiones respondían a los intereses de los traficantes internacionales de armamento, quienes habían ideado la operación. También se mencionó que los mismos aviones en que se enviaba armas a los contras nicaragüenses se utilizaban para introducir drogas a Estados Unidos.

Estos sucesos acapararon la atención de la opinión pública internacional, pues los medios de comunicación masiva difundieron ampliamente las pesquisas sobre dichas operaciones ilícitas y compararon el escándalo con el de Watergate, que en 1974 forzó al entonces presidente Richard Nixon a dimitir de su cargo.

El gobierno de Reagan empezó a tambalearse. En cuestión de semanas, tres importantes funcionarios norteamericanos se vieron obligados a renunciar: el consejero en Asuntos de Seguridad Nacional, John Poindexter, y el consejero adjunto de la misma dependencia, coronel Oliver North, lo hicieron en noviembre, mientras que el influyente jefe de asesores de la Casa Blanca, Donald T. Reagan, lo hizo dos meses después, en febrero de 1987.

Desde el inicio del año se nombraron cuatro comisiones investigadoras cuya función era determinar la responsabilidad del Ejecutivo en las operaciones que se habían descubierto y, si éstas eran violatorias de su legislación, actuar en consecuencia.

Entre enero y julio comparecieron ante esas comisiones, entre otros, algunos altos funcionarios: el secretario de Estado, George Shultz; el procurador general, Edwin Meese; el que fuera consejero en Asuntos de Seguridad Nacional en el período de octubre de 1983 a diciembre de 1985, Robert McFarlane; el director de la Agencia Central de Inteligencia, William Casey; el general retirado Richard Secord, y el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Elliot Abrams. Estas audiencias llegaron a sus momentos culminantes en julio, cuando comparecieron los funcionarios más implicados en las operaciones ilícitas. Del 7 al 14 se presentó a declarar el teniente coronel Oliver North. En polémicas sesiones televisadas que acapararon la atención del público estadounidense, North se declaró como un patriota que había obedecido las órdenes de sus superiores para garantizar la libertad y la democracia en el mundo. Afirmó que no tenía pruebas de que el Presidente hubiera estado al tanto de sus actividades, pero que siempre creyó que el mandatario las aprobaba. En cambio, sostuvo que el Secretario de Estado, el Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos y el Director de la CIA sí conocían sus esfuerzos para ayudar a los contras pese a la prohibición expresa del Congreso (Enmienda Boland). Con sus intervenciones, North se ganó el apoyo del público norteamericano, el cual, en sondeos de opinión, manifestó mayoritariamente que creía que el militar había dicho la verdad (74%) y lo consideró un "verdadero patriota" (73%), aunque sólo 25% lo caracterizó como un "héroe nacional". Esto resultó sorprendente para la opinión pública internacional, puesto que se tenía a North por uno de los principales ejecutores de acciones contrarias a la ley.

Días después, del 15 al 17 y del 20 al 21 de julio fue interrogado el contralmirante John Poindexter, quien fungiera como consejero de Seguridad Nacional durante la mayor parte del período en que ocurrieron los hechos que se estaban investigando. El contralmirante aseguró que nunca informó a Ronald Reagan del desvío de fondos a los antisandinistas, si bien aclaró que "el Presidente hubiera aprobado la decisión en ese tiempo si yo lo hubiera pedido". Precisó que evitó implicar al Jefe del Ejecutivo para protegerlo de eventuales "daños políticos". Asimismo, aunque reconoció haber ocultado información a los legisladores, negó que ello fuera una actitud ilegal ya que, en su opinión, la llamada Enmienda Boland no se aplicaba al Consejo de Seguridad Nacional ni al Presidente. Al mes siguiente, el día 12, el presidente Reagan dirigió un mensaje a la nación en el que asumió la responsabilidad por el incidente Irancontras, y realizó una autocrítica de los errores cometidos. Sin embargo, subrayó que el ex consejero de seguridad nacional, Poindexter, era el responsable directo de los hechos por haberle ocultado la verdad sobre las operaciones secretas. Para evitar la repetición de sucesos similares, anunció cambios en el personal del Consejo de Seguridad y en los mecanismos de información al Congreso sobre operaciones encubiertas. Acto seguido, enumeró las prioridades de su gobierno para el resto de su mandato, dando por hecho que el asunto Irancontras quedaba terminado. No obstante, el senador Daniel Inouye, quien presidía una de las comisiones que investigaba el asunto, aseveró tajantemente que el presidente Reagan había falseado sus declaraciones y lo calificó de "mentiroso". Asimismo, el legislador encargado de dar la respuesta oficial al mensaje del Jefe del Ejecutivo, el senador demócrata George Mitchell, hizo un llamado para que sus líderes condenasen cualquier violación a "las leyes, las mentiras a la opinión pública y al Congreso de Estados Unidos, y la destrucción de importantes documentos". Además, acusó directamente al presidente Reagan de haber aprobado personalmente y por escrito el intercambio de armas por rehenes.

Durante ese período, los contras en Nicaragua habían fracasado en su intento por lograr el control de alguna zona u obtener victorias militares relevantes que diesen la impresión de que tenían posibilidades de derrocar al régimen sandinista, y seguir así contando con el financiamiento y apoyo estadounidenses. Dentro de este movimiento existían una serie de pugnas por la coordinación de los diversos grupos contrarrevolucionarios. Estas divisiones habían llevado en febrero a la renuncia del dirigente de la Unión Nicaragüense Opositora (UNO) Adolfo Calero, quien siguió a cargo de la Federación Democrática Nicaragüense (FDN), la más numerosa de las fuerzas militares de dicha organización. Calero, quien tenía una imagen negativa por habérsele asociado con elementos somocistas y con negocios turbios como fraudes y narcotráfico, fue sustituido por Pedro Joaquín Chamorro.

Sin embargo, este intento por mejorar la imagen de la contra ante la opinión pública no tuvo éxito por la renuncia que al mes siguiente presentó Arturo Cruz, el más importante líder de UNO. Cruz había participado inicialmente en el gobierno sandinista, militó después en la oposición política interna e incluso presentó su candidatura a la Presidencia de Nicaragua en los comicios de 1986. En esa ocasión, se retiró aduciendo que no existían condiciones para que las elecciones se efectuaran democrática y limpiamente. Por su trayectoria se le consideraba un líder con autoridad moral para dirigir a las fuerzas contrarrevolucionarias, por lo que su dimisión y los motivos que señaló para ésta fueron un duro golpe para dichos grupos. En un artículo que apareció en la prensa de San José, Costa Rica, el 13 de marzo, Cruz manifestó que UNO carecía de una base genuinamente plural y que era incapaz de convertirse en una alternativa al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Afirmó también que el control que ejercía Estados Unidos sobre esa organización antisandinista la había convertido en una "camarilla excluyente", sin credibilidad entre la comunidad internacional. Semanas después, el debilitamiento de los antisandinistas se hizo evidente cuando el 20 de abril, en Tegucigalpa, Calero solicitó la intervención de Estados Unidos en Nicaragua en caso de que fracasara la contrarrevolución. A partir de entonces, los grupos antisandinistas limitaron sus objetivos a pequeñas operaciones de desgaste como emboscadas o sabotajes.

Esta situación obligó a una nueva reestructuración del directorio de los grupos contrarrevolucionarios, misma que se anunció el 6 de mayo en Miami. Así, casi todas las fuerzas quedaron unificadas en una organización que se denominó Resistencia Nicaragüense (RN). Empero, un mes después, en mayo, los contras quedaron abiertamente ligados al escándalo Irangate, ya que Adolfo Calero admitió en una comparecencia ante las comisiones investigadoras del Congreso haber recibido de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos cerca de 34 millones de dólares en ayuda secreta para derrocar al gobierno sandinista.

Mientras tanto, Costa Rica venía realizando una activa promoción de la propuesta de pacificación que había anunciado durante su reunión con el Grupo de los Diez. Esta propuesta se fue transformando, desde finales de 1986, en un esfuerzo negociador que incluyó a todas las partes en conflicto.

En diciembre de 1986, varios senadores estadounidenses del Partido Demócrata encabezados por Christopher Dodd, presidente del Subcomité de Asuntos Hemisféricos del Congreso, visitaron Costa Rica y, según trascendió por informaciones periodísticas, entre los temas que ahí trataron con las autoridades de aquel país había figurado la posibilidad de promover una fórmula de solución al conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua. El 7 de enero, el canciller de Costa Rica, Rodrigo Madrigal, presentó una propuesta de pacificación al subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Elliot Abrams, y al embajador especial de Estados Unidos para Centroamérica, Philip Habib, durante una junta que tuvieron en un hotel de la ciudad de Miami, Florida. La propuesta buscaba lograr un acuerdo bipartidista en el seno del Congreso estadounidense para suspender el financiamiento del gobierno norteamericano a los grupos armados antisandinistas a cambio de que las autoridades de Nicaragua se comprometiesen a iniciar un proceso de reconciliación nacional con la oposición política.

El 15 de febrero, el mandatario costarricense se reunió en la ciudad de San José con los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, para exponerles oficialmente su propuesta de paz para Centroamérica, que desde entonces sería conocida como Plan Arias. En esa reunión, los cuatro jefes de Estado expresaron su convencimiento de que la solución a los problemas del área debía provenir de la misma región, y manifestaron su disposición de llegar a un acuerdo conjunto. Para entonces, la propuesta costarricense, que llevó el título de Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica, había evolucionado y generalizaba para todos los países centroamericanos los compromisos que originalmente planteaba sólo para Nicaragua.

En la reunión de San José, las naciones participantes aceptaron que no sería posible la pacificación regional sin la presencia de Nicaragua, la cual no había sido invitada a la junta. Por tanto, decidieron convocar a otra reunión en el mes de junio, a fin de discutir el Plan Arias con el presidente Daniel Ortega. Además, acordaron que los organismos internacionales coma la ONU y la OEA, así como los grupos Contadora y de Apoyo, serían invitados a participar en el proceso pacificador que estaban emprendiendo.

Entre los meses de febrero y mayo, el Presidente costarricense continuó su labor de promoción del Plan Arias. Realizó dos viajes a Estados Unidos y dos giras a Europa. Como resultado, el Plan Arias fue ganando consenso entre los actores regionales y de fuera del área.

En un primer momento, algunos observadores apuntaron que el Plan Arias representaba una opción distinta al Acta de Paz de Contadora, por lo que desplazaba al grupo mediador latinoamericano de la gestión pacificadora. Sin embargo, los impulsores de dicho plan no consideraban a éste como opuesto a los planteamientos del Grupo Contadora, sino como una respuesta a los insistentes llamados que ese grupo había hecho a los países centroamericanos para participar con voluntad política en el proceso de pacificación. Así lo expresó el presidente Oscar Arias durante su visita a México los días 26 y 27 de febrero de 1987. (Véase el apartado "Visita oficial del Presidente de Costa Rica a México" en el mes de febrero de este volumen.)

Por otro lado, los especialistas destacaron también que el Plan de Paz del mandatario costarricense había surgido en una coyuntura favorable, puesto que llenaba un vacío que se había provocado con el alejamiento de los miembros del Grupo de Tegucigalpa de las gestiones de los grupos Contadora y de Apoyo, cuyas negociaciones habían llegado a un estancamiento difícil de superar. También señalaron que los nuevos gobiernos, especialmente de Costa Rica y Guatemala, sostenían una postura más autónoma de Estados Unidos, lo que facilitaba la negociación regional. Asimismo, afirmaron que el presidente Arias había ganado fuerza moral y respetabilidad entre sus vecinos y la comunidad internacional debido a su esfuerzo perseverante por tratar de conciliar de manera equilibrada los intereses regionales y los de Estados Unidos. Por último, expresaron sus reservas respecto a la viabilidad de llegar a un acuerdo conjunto mientras el gobierno estadounidense no cesara su intervención en la zona.

Pese al escándalo interno que enfrentaba, el Jefe del Ejecutivo estadounidense había continuado su campaña para seguir financiando a la contra nicaragüense. En enero solicitó 105 millones de dólares para ese fin en su proyecto de presupuesto para el año fiscal de 1988.

La actuación del Congreso en este asunto fue un tanto ambivalente en el transcurso del primer semestre del año. En febrero, la C Legislatura se pronunció porque el Ejecutivo modificara su política en Centroamérica. El día 18, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado votó (11-9) la suspensión del desembolso de los últimos 40 millones de dólares que restaban del monto global de 100 millones que había autorizado el Congreso para la contra nicaragüense a mediados de 1986. A su vez, la Cámara de Representantes aprobó el 11 de marzo una resolución en el mismo sentido que la del comité senatorial, ya que urgieron al Presidente a abandonar el enfoque militarista de su estrategia y a "abrazar la diplomacia" como el medio para solucionar el conflicto centroamericano.

Ante esto, el vocero de la Casa Blanca declaró que el Jefe del Ejecutivo había enviado al Congreso una certificación presidencial de que esos fondos eran indispensables para evitar la consolidación del régimen sandinista. Con todo, el 12 de marzo el Senado aprobó (97-1) una resolución que daba un respaldo total a la iniciativa de paz del presidente Arias de Costa Rica.


Sin embargo, el 18 de junio ese mismo organismo autorizó la liberación de los últimos 40 millones de dólares de fondos para los antisandinistas, anulando un acuerdo adoptado por la Cámara Baja siete días antes. En esa ocasión, los senadores conservadores, que habían mantenido un apoyo incondicional a la política regional de la Casa Blanca, advirtieron que esa sería la última vez que darían su respaldo a la contrarrevolución en Nicaragua.

Así, el 20 de mayo, la Cámara Baja aprobó, por votación de 293 contra 177, una resolución que prohibía el uso de las fuerzas armadas estadounidenses en Nicaragua o contra ese país. No obstante, en la misma sesión se rechazó una propuesta que pretendía suspender la participación norteamericana en maniobras militares que se realizaran en un radio de 20 km contiguo a las líneas fronterizas de Nicaragua con Honduras y Costa Rica.

Analistas regionales coincidieron en señalar que la actuación del Congreso estadounidense indicaba que la oposición del Partido Demócrata a la política del presidente Reagan hacia Centroamérica no había ido más allá de los límites del debate establecido por ese mandatario. Argumentaron que los demócratas habían planteado escollos de carácter técnico a la estrategia presidencial, pero no habían logrado desarrollar una propuesta alternativa coherente para esa región. Agregaron que precisamente la falta de una opción propia para el área había orillado a los legisladores a apoyar el Plan Arias.

En ese mismo período, el presidente Reagan había seguido de cerca la evolución del proceso de negociación en el área centroamericana por medio de múltiples giras que efectuaron sus representantes diplomáticos por la región. El 23 de febrero, ocho días después de que el Plan Arias fue dado a conocer, el embajador itinerante de Estados Unidos para Centroamérica, Philip Habib, viajó a Costa Rica para entrevistarse con el presidente Arias y analizar su propuesta. En esa ocasión, Habib declaró a la prensa que el plan del mandatario costarricense contaba con el apoyo del gobierno de Estados Unidos.

En marzo, el embajador Habib realizó otra gira por Centroamérica para estudiar el plan costarricense, en el que era su cuarto viaje por la zona desde su nombramiento en marzo de 1986. El 23, luego de su reunión con Habib, el canciller de Honduras dijo que su gobierno había encontrado "fallas técnicas" al revisar la propuesta de Arias y que éstas debían ser corregidas para que el citado documento fuera válido.

En abril, Habib se entrevistó nuevamente con el presidente Arias en Costa Rica, con objeto de conocer la opinión del gobierno costarricense sobre la evolución del Plan de Paz. En esa ocasión, Arias Sánchez declaró que estaba en disposición de negociar su propuesta de pacificación y el diplomático estadounidense reiteró el apoyo de su gobierno al Plan Arias.

El 4 de mayo, un vocero del Departamento de Estado informó que el gobierno norteamericano estaba preparado para reiniciar negociaciones bilaterales con las autoridades de Nicaragua si éstas aceptaban dialogar con los representantes de la "resistencia democrática". Posteriormente, el 24 de marzo, en Managua, los legisladores demócratas Thomas Carper, Alan Wheat y Harley Stagges, en una entrevista con el vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, propusieron al régimen sandinista que levantara el estado de emergencia, ampliara la amnistía y mejorara sus relaciones con la jerarquía católica, a cambio de que el Poder Legislativo rechazara más financiamientos a los contras. Para esas fechas, Nicaragua había aceptado discutir en junio con los demás países centroamericanos el Plan Arias y éste iba ganando consenso en la zona, según habían comprobado los enviados estadounidenses en las distintas giras que habían realizado por el istmo.

El 11 de junio, Habib viajó a los países integrantes del Grupo de Tegucigalpa para conocer, una vez más, sus observaciones sobre el Plan de Paz de Costa Rica. Un día después, el presidente de El Salvador, José Napoleón Duarte, propuso que se pospusiera la reunión cumbre de mandatarios centroamericanos que debía celebrarse en la ciudad de Esquipulas, Guatemala, los días 24 y 25 de junio a fin de discutir y suscribir el Plan Arias, tal como lo habían acordado en San José en febrero. El presidente Duarte adujo la inexistencia de un "clima favorable" para la reunión. Además, señaló su intención de hacer un viaje a Europa por esas fechas, por lo que sugirió que el cónclave centroamericano se postergara hasta agosto.

Las reacciones de los otros mandatarios centroamericanos no se hicieron esperar. El Presidente de Nicaragua pidió a su colega salvadoreño que no se dejara presionar por Estados Unidos. El Jefe del Ejecutivo de Guatemala, activo promotor de la reunión istmeña, viajó a El Salvador para entrevistarse con el presidente Duarte intentando inútilmente que éste hiciera más flexible su posición. Un vocero del Departamento de Estado norteamericano informó el día 15 que su embajador para Centroamérica había instado a los gobiernos del área a tomar el asunto de la cumbre seriamente, a consultar entre ellos y a prepararse en forma adecuada para dicha reunión, al tiempo que negaba que la gira hubiese tenido como propósito suspender la junta de los presidentes centroamericanos. El mandatario de Costa Rica, a su vez, se trasladó a Washington el 17 con la intención de salvar la reunión de Esquipulas y se entrevistó con el presidente Ronald Reagan. El jefe de Estado norteamericano informó personalmente a Oscar Arias que su gobierno no observaría el Plan de Costa Rica, por lo que éste no prosperaría. Asimismo, Reagan manifestó que pediría al Congreso el mantenimiento de la ayuda a los grupos antisandinistas y que el multicitado Plan Arias debía ser reformado, porque "de ninguna manera debe levantarse la presión sobre los sandinistas mientras no actúen en un genuina democracia".

Nuevamente se hizo evidente que factores externos interferían en un proceso histórico regional cuya evolución reavivaba las expectativas de paz. Sin embargo, en esta ocasión las acciones de Estados Unidos encontraron mayores dificultades, debido a la tendencia negociadora que se había generado en la zona.

El 16 de junio, los mandatarios de Guatemala y de Honduras anunciaron que la nueva fecha de la cumbre centroamericana sería los días 6 y 7 de agosto, en territorio guatemalteco. Además, informaron que se verificarían juntas previas de cancilleres centroamericanos para preparar el cónclave.

El Presidente de Nicaragua, pese a haber declarado que no aceptaría aplazamientos a la reunión de Esquipulas, dio a conocer el día 2 que iría a la cumbre propuesta para agosto. No obstante, condicionó su asistencia a que representantes de los grupos Contadora y de Apoyo estuviesen presentes en las sesiones preparatorias. En esto último coincidió con el gobierno hondureño, luego de que una reunión de cancilleres centroamericanos que se realizaría ese mismo día en su país hubo de suspenderse por falta de consenso.

Los grupos de Contadora y de Apoyo respondieron favorablemente a esos llamados de los países centroamericanos. Durante las siguientes semanas, se llevaron a cabo intensas gestiones con vistas a la cumbre centroamericana que incluyeron dos reuniones preparatorias entre los cancilleres del área. En la primera, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, los días 31 de julio y 1 de agosto, participaron los grupos Contadora y de Apoyo, mientras que a la segunda, que tuvo lugar en la ciudad de Guatemala el 4 de agosto, sólo asistieron los ministros de Relaciones Exteriores centroamericanos.

En Washington, precisamente en vísperas de la reunión cumbre centroamericana, el Presidente de Estados Unidos y su Secretario de Estado presentaron oficialmente un nuevo plan de paz. Este plan contaba con el copatrocinio del presidente de la Cámara de Representantes, y expresaba en su parte introductoria la intención de ese gobierno de que sus puntos de vista fueran incluidos en las deliberaciones que estaban por comenzar los mandatarios centroamericanos. Proponía a Nicaragua suspender la ayuda a la contra, levantar el embargo comercial y el veto a programas de asistencia regional, a cambio de que ese país decretara un cese al fuego, tomara medidas como la eliminación de bases militares extranjeras, dejara de prestar apoyo a la subversión, y realizara elecciones "libres". Además, llamaba a negociaciones regionales sobre seguridad en las que podría ser incluida Nicaragua si cumplía con las condiciones previamente señaladas.

Observadores y diplomáticos internacionales consideraron que el plan de paz del presidente Reagan era una burda maniobra para influir en la reunión centroamericana y que buscaba provocar el rechazo de los sandinistas para facilitar la aprobación del Congreso estadounidense a una eventual solicitud de asistencia a la contra. En ese sentido se expresaron también algunos legisladores norteamericanos.

Al conocer el contenido del que fue llamado Plan Reagan, los presidentes centroamericanos manifestaron sus posiciones al respecto. El mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, invitó al gobierno de Estados Unidos a iniciar "en forma inmediata en Managua, Washington, o un tercer país, un diálogo incondicional" para discutir esa iniciativa y las propuestas del gobierno sandinista. Ortega advirtió que el rechazo al diálogo por él propuesto demostraría que el Plan Reagan sólo pretendía boicotear la cumbre centroamericana. Para el presidente de Guatemala, la propuesta estadounidense debía valorarse como "una iniciativa de cualquier país extrarregional". Agregó que "lo que tiene importancia es qué vamos a discutir nosotros", los centroamericanos. Por su parte, el jefe de Estado de Costa Rica, Oscar Arias, puntualizó que Esquipulas II había sido convocada "exclusivamente" para analizar su iniciativa de paz y que en ello él sería "inflexible". Al día siguiente, ya en el marco de los trabajos de la reunión cumbre, el mandatario de El Salvador opinó que el citado plan no se podía ignorar y que su carácter bipartidista hacía de éste una buena contribución.

El 7 de agosto, los mandatarios centroamericanos reunidos en Esquipulas suscribieron un documento de 14 páginas denominado igual que el Plan Arias: Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica. El preámbulo del también llamado Acuerdo de Guatemala hacía un reconocimiento a la "permanente voluntad de Contadora y del Grupo de Apoyo en favor de la paz" y al respaldo de la comunidad internacional. Citaba como las fuentes de sus objetivos a las cartas de la ONU y la OEA, los documentos emitidos por el Grupo Contadora durante cuatro años, incluida su Acta para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, y la Declaración de Esquipulas. A continuación, resumía en 11 puntos las medidas que deberían aplicar los gobiernos firmantes dentro de ciertos plazos establecidos para lograr bases mínimas de pacificación y concertación en cada país y en la región. A partir de estas bases se promoverían después acuerdos más amplios de desarme y seguridad en el área.

Entre las medidas citadas se encontraban compromisos para iniciar un proceso de reconciliación nacional promovido por medio del diálogo con los grupos opositores no armados, promulgar decretos de amnistía, lograr un cese al fuego con fuerzas irregulares o insurgentes, e impulsar libertades políticas que incluyesen la realización de elecciones libres periódicas, así como conformar el Parlamento Centroamericano.

Como organismo verificador de este proceso, se estipulaba la creación de una comisión nacional de reconciliación que se integraría con representantes del Poder Ejecutivo, la Iglesia y los partidos políticos legalmente inscritos. Asimismo, el acuerdo comprometía a las entidades firmantes a no prestar ni permitir ningún tipo de apoyo militar o logístico a grupos que buscaran desestabilizar a los gobiernos centroamericanos y a impedir que su territorio fuera usado para tal fin. Además, se exhortaba a los gobiernos, tanto de la región como de fuera de ella, a que cesaran todo tipo de ayuda a las fuerzas irregulares o movimientos insurgentes.

En lo que hace a las negociaciones en materia de seguridad, verificación y control de armamento, el Plan de Paz disponía que éstas prosiguieran en el ámbito del Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, con la mediación de los grupos Contadora y de Apoyo. Otros puntos se referían a la atención que se otorgaría a refugiados y desplazados, y a la promoción de la cooperación regional e internacional para el desarrollo del área.

Como un organismo internacional legítimo para comprobar el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Guatemala, se crearía una Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento compuesta por los secretarios generales de la ONU y la OEA, así como por los cancilleres de América Central, del Grupo Contadora y del Grupo de Apoyo.

Finalmente, se fijaban los plazos en que los acuerdos tomados se irían ejecutando. Los cancilleres centroamericanos se reunirían, en calidad de Comisión Ejecutiva, 15 días después de la firma del documento, para organizar las comisiones de trabajo y los reglamentos para el cumplimiento de los compromisos contraídos. A los 90 días, es decir, el 5 de noviembre, entrarían en vigor, simultáneamente y en forma pública, las disposiciones relativas a la amnistía, cese al fuego, democratización, suspensión de la ayuda a fuerzas irregulares o insurgentes y para impedir el uso de sus territorios para agredir a otros Estados. Posteriormente, a los 120 días, la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento analizaría el progreso en el cumplimiento de lo acordado. Finalmente, a los 150 días (5 de enero de 1988), los cinco presidentes centroamericanos se reunirían para estudiar un informe de dicha comisión, a fin de tomar las decisiones que fuesen pertinentes. (Véase el recuadro "Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica".)

A partir de la firma del Acuerdo de Guatemala comenzó una etapa crucial en el proceso que los centroamericanos habían iniciado meses atrás, y que retomaba los objetivos que Contadora venía buscando desde 1983. Estaba en juego la consolidación de la negociación pacífica como la vía de solución a los conflictos que tanto habían costado a la región. La opinión pública mundial, los grupos Contadora y de Apoyo, la ONU y la OEA manifestaron su beneplácito por los resultados del cónclave centroamericano, y siguieron con marcado interés las actividades que para la pacificación de la zona realizaban los cinco países del área.

En Estados Unidos, en cambio, las reacciones fueron diversas. Los sectores más conservadores criticaron duramente la "tibieza" del gobierno de Reagan, que había permitido avanzar la negociación centroamericana. Por ejemplo, el influyente diario conservador The Wall Street Journal opinó en un editorial del 11 de agosto que el documento firmado en la capital centroamericana constituía la "Bahía de Cochinos" del régimen de Reagan, el cual después de seis años y medio había entregado su política exterior en la región.

Para algunos grupos de tendencia liberal, el Acuerdo de Esquipulas representaba un triunfo político interno, ya que ellos habían pugnado porque su gobierno siguiera la vía diplomática en el conflicto istmeño.

Los acuerdos de los mandatarios centroamericanos sorprendieron al Presidente y a altos funcionarios de su gobierno, por lo que, en un primer momento, emitieron declaraciones ambiguas: por un lado, manifestaban su apoyo al Acuerdo de Guatemala y, por el otro, insistían en continuar financiando a los contras nicaragüenses.

En este contexto, el enviado especial del presidente Reagan para Centroamérica, Philip Habib, renunció el 14 de agosto sin que se dieran a conocer las causas de su dimisión. La prensa estadounidense la atribuyó a que las recomendaciones de Habib en favor del diálogo y la concertación con Nicaragua habían sido ignoradas por sus superiores. Esta era la tercera vez que un diplomático con esa función renunciaba desde 1983. El 18, las declaraciones oficiales norteamericanas rebasaron el plano interno. Los embajadores de Estados Unidos en los países de América Central resolvieron comunicar a los gobiernos de la región su "profunda preocupación" por el Acuerdo de Guatemala, debido a que Washington consideraba que, previo a cualquier convenio, Nicaragua debía haber dejado de recibir ayuda militar del bloque soviético y de Cuba, suspendido sus programas de "subversión" en el área, e iniciado una "democratización plena y real". Esa acción fue seguida a la semana siguiente por un mensaje de tres minutos que el presidente Ronald Reagan envió a los contras por medio de la clandestina Radio Liberación, vocero oficial de los antisandinistas, en el que prometió mantener el financiamiento a sus actividades hasta que el régimen de Managua cumpliera con la democratización prevista en el Plan de Paz de Guatemala. Dos días después, el 27 de agosto, el mandatario estadounidense reiteró dicha promesa al directorio de la contra, en una reunión que sostuvo con ésta en el hotel Century Plaza de la ciudad de Los Angeles, California.

Entre agosto y noviembre, todos los gobiernos centroamericanos crearon sus comisiones de reconciliación nacional y adoptaron distintas medidas para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. Esto despertó una enorme expectativa en los diversos sectores de las naciones centroamericanas de que finalmente se terminara la difícil situación que habían vivido en los últimos años. Las distintas organizaciones y partidos políticos del área comenzaron a presionar a sus respectivos gobiernos para que ejecutaran decididamente los acuerdos tomados. El debate que se suscitó al respecto incluyó la interpretación de las medidas anunciadas o adoptadas, protestas por las mismas o exigencias adicionales.

A los pocos días de haberse realizado la cumbre centroamericana, el gobierno sandinista retiró la demanda que había presentado en la Corte Internacional de Justicia contra Costa Rica, y pidió se postergara el análisis de la que había puesto contra Honduras. Posteriormente, dio pasos firmes encaminados a la conciliación interna; conformó su Comisión Nacional de Reconciliación; eliminó la censura a los medios de comunicación, lo que incluyó la reapertura de Radio Católica y del diario La Prensa; estableció el diálogo nacional con los 11 partidos políticos de oposición, y permitió el reingreso de tres sacerdotes expulsados del país por auspiciar el financiamiento de la contra. Además, para cumplir con el compromiso de suspender las hostilidades, el régimen sandinista decretó unilateralmente un alto al fuego temporal en las zonas de mayor violencia, y reiteró su ofrecimiento de amnistía garantizada a los contrarrevolucionarios que depusieran sus armas. Estas medidas fueron rechazadas por la contra, en tanto el gobierno no entablara negociaciones directas con sus líderes, por lo que prosiguió con sus operaciones de desgaste.

En esas fechas, la economía nicaragüense atravesaba por momentos críticos. Los dirigentes sandinistas habían implantado lo que llamaron economía de sobrevivencia, ya que ante la necesidad de destinar más de la mitad de su presupuesto al sostenimiento de la defensa militar, su déficit estimado era de 200 millones de dólares. A esto se agregó, hacia mediados de 1987, la falta de 1.6 millones de barriles de hidrocarburos para cubrir sus requerimientos más urgentes durante el resto del año. El Vicepresidente de la República había pedido ayuda al exterior, argumentando que el déficit petrolero podía entorpecer los esfuerzos de paz.

Debido a ello, algunos países latinoamericanos, entre ellos México, analizaban la forma de proveer petróleo a Nicaragua sin que sus intereses nacionales se vieran afectados. Al finalizar agosto, Nicaragua aumentó en 100% el precio de la gasolina y otros derivados del petróleo, y redujo en 11% el consumo nacional de energéticos.

La fuerte austeridad, aunada a la aplicación de las medidas pactadas en Esquipulas, habían provocado gran efervescencia política en Nicaragua. Existía una amplia polémica interna entre grupos partidarios del régimen sandinista y aquellos opuestos al mismo sobre el alcance de las disposiciones implantadas. Para los primeros, Nicaragua no debía ir más lejos hasta que Estados Unidos suspendiera su ayuda a la contra y el resto de los gobiernos del área cumplieran su parte de los acuerdos, en especial Honduras, que tendría que expulsar a los antisandinistas de su territorio. Asimismo, se oponían a una amnistía amplia que beneficiara a ex guardias somocistas convictos por crímenes de guerra. Para los segundos, las acciones llevadas a cabo por el gobierno no eran suficientes. Solicitaban que se entablara un diálogo directo con la contra y se decretara una amnistía total que incluyese a ex miembros de la desaparecida Guardia Nacional. En El Salvador, mientras tanto, se efectuaron intensas gestiones para establecer un diálogo fructífero entre el gobierno y la guerrilla. No obstante, una reunión preparatoria programada para mediados de septiembre hubo de suspenderse. Las posiciones de ambos bandos parecían irreconciliables. Por un lado, el gobierno insistía en que las organizaciones insurgentes manifestaran su disposición a abandonar las armas e integrarse al proceso democrático que, a su juicio, vivía el país, como condición previa para la reanudación de las conversaciones. Por su parte, los representantes de los frentes Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Democrático Revolucionario (FDR) afirmaban que el diálogo debía realizarse sin condiciones previas. Proponían un gobierno compartido de transición que preparara elecciones con amplias garantías, y la fusión del ejército y la guerrilla en una sola fuerza armada.

Una gran mayoría de la sociedad salvadoreña se pronunciaba por la realización de pláticas que llevaran a un alto al fuego y a la solución de la guerra civil. Al efectuarse finalmente las conversaciones en la nunciatura apostólica de San Salvador del 4 al 6 de octubre, diversas organizaciones populares acordonaron el área aledaña al sitio de las negociaciones y, en señal de apoyo, velaron su transcurso de manera festiva.

En esas conversaciones participaron, por un lado, el presidente Duarte y sus ministros de Defensa, Planificación, y Cultura y Comunicaciones y, por el otro, los más importantes dirigentes del FMLN-FDR. El arzobispo Rivera y Damas actuó como mediador. Al concluir la reunión, se anunció la creación de una comisión que estudiaría las posibilidades de un cese al fuego, y se informó que continuaría el diálogo. Sin embargo, voceros de la guerrilla declararon que el Presidente y sus ministros habían rechazado sus propuestas para "humanizar la guerra".

Por lo que respecta a Honduras, la oposición interna había solicitado insistentemente al gobierno que expulsara a los contras de territorio hondureño sin que se hubiese tomado una decisión en tal sentido. Los representantes gubernamentales aducían que los antisandinistas, cuyo número se calculaba en 17 000, se encontraban en terreno nicaragüense. Asimismo, organizaciones locales habían denunciado la existencia de desaparecidos políticos y habían exigido a las autoridades que se tratara esa cuestión.


Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica

Los gobiernos de las repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, empeñados en alcanzar los objetivos y desarrollar los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de Organización de los Estados Americanos, el Documento de Objetivos, el Mensaje de Caraballeda para la Paz, la Seguridad y la Democracia en América Central, la declaración de Guatemala, el comunicado de Punta del Este, el mensaje de Panamá, la declaración de Esquipulas, y el proyecto del Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica del 6 de junio de 1986, han convenido en el siguiente procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica.

1. Reconciliación nacional

a) Dialógo

Realizar urgentemente en aquellos casos donde se han producido profundas divisiones dentro de la sociedad acciones de reconciliación nacional que permitan la participación popular, con garantía plena, en auténticos procesos políticos de carácter democrático, sobre bases de justicia, libertad y democracia y, para tal efecto, crear los mecanismos que permitan, de acuerdo con la ley, el diálogo con los grupos opositores.

A este fin, los gobiernos correspondientes iniciarán el diálogo con todos los grupos desarmados de oposición política interna y con aquellos que se hayan acogido a la amnistía.

b) Amnistía

En cada país centroamericano, salvo en aquéllos en donde la comisión internacional de verificación y seguimiento determine que no es necesario, se emitirán decretos de amnistía que deberán establecer todas las disposiciones que garanticen la inviolabilidad de la vida, la libertad en todas sus formas, los bienes materiales y la seguridad de las personas a quienes sean aplicables dichos decretos. Simultáneamente a la emisión de los decretos de amnistía, las fuerzas irregulares del respectivo país deberán poner en libertad a todas aquellas personas que se encuentren en su poder.

Comisión Nacional de Reconciliación

Para la verificación del cumplimiento de los compromisos que los cinco gobiernos centroamericanos contraen con la firma del presente documento en materia de amnistía, cese al fuego, democratización y elecciones libres, se creará una Comisión Nacional de Reconciliación que tendrá las funciones de constatar la vigencia real del proceso de reconciliación nacional, así como el respeto irrestricto de todos los derechos civiles y políticos de los ciudadanos centroamericanos garantizados en este mismo documento.

La Comisión Nacional de Reconciliación estará integrada por un delegado propietario y un suplente del Poder Ejecutivo, un titular y un suplente sugerido por la Conferencia Episcopal y escogido por el gobierno de una terna de obispos que deberá ser presentada dentro del plazo de 15 días después de recibida la invitación formal. Esta invitación la formularán los gobiernos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma de este documento. El mismo procedimiento de terna se utilizará para la selección de un titular y un suplente de los partidos políticos de oposición legalmente inscritos.

La terna deberá ser presentada en el mismo plazo anterior. Cada gobierno centroamericano escogerá, además, para integrar dicha comisión, a un ciudadano notable que no pertenezca ni al gobierno ni al partido de gobierno, y a su respectivo suplente. El acuerdo o decreto en que se integre la respectiva comisión nacional será comunicado de inmediato a los otros gobiernos centroamericanos.

2. Exhortación al cese de hostilidades

Los gobiernos hacen una exhortación vehemente para que, en los estados del área que actualmente sufren la acción de grupos irregulares o insurgentes, se concierte el cese de las hostilidades. Los gobiernos de dichos estados se comprometen a realizar todas las acciones necesarias para lograr un efectivo cese del fuego dentro del marco constitucional.

3. Democratización

Los gobiernos se comprometen a impulsar un auténtico proceso democrático pluralista y participativo que implique la promoción de la justicia social, el respeto de los derechos humanos, la soberanía, la integridad territorial de los estados y el derecho de todas las naciones a determinar libremente y sin injerencias externas de ninguna clase, su modelo económico, político y social, y realizarán, de manera verificable, las medidas conducentes al establecimiento y, en su caso, al perfeccionamiento de sistemas democráticos, representativos y pluralistas que garanticen la organización de partidos políticos y la efectiva participación popular en loa toma de decisiones y aseguren el libre ascenso de las diversas corrientes de opinión a procesos electorales honestos y periódicos, fundados en la plena observancia de los derechos ciudadanos. Para efectos de verificar la buena fe en el desarrollo de este proyecto de democratización, se entenderá que:

a) Deberá existir completa libertad para la televisión, la radio y la prensa. Esta completa libertad comprenderá la de abrir y mantener en funcionamiento medios de comunicación para todos los grupos ideológicos y para operar esos medios sin sujeción a censura previa.

b) Deberá manifestarse el pluralismo político partidista total. Las agrupaciones políticas tendrán, en ese aspecto, amplio acceso a los medios de comunicación, pleno disfrute de los derechos de asociación y de las facultades de realizar manifestaciones públicas en el ejercicio irrestricto de la publicidad oral, escrita y televisiva así como la libre movilidad para los miembros de los partidos políticos en función proselitista.

c) Asimismo, los gobiernos centroamericanos que tengan en vigencia el estado de excepción, sitio, o emergencia, deberán derogarlo, haciendo efectivo el estado de derecho con plena vigencia de todas las garantías constitucionales.

4. Elecciones libres

Creadas las condiciones inherentes a toda democracia, deberán celebrarse elecciones libres pluralistas y honestas.

Como expresión conjunta de los estados centroamericanos para encontrar la reconciliación y la paz duradera para sus pueblos se celebrarán elecciones para la integración del Parlamento Centroamericano, cuya creación se propuso mediante la Declaración de Esquipulas, del 25 de mayo de 1986.

A los propósitos anteriores, los mandatarios expresaron su voluntad de avanzar en la organización de dicho parlamento, a cuyo efecto la comisión preparatoria del Parlamento Centroamericano deberá concluir sus deliberaciones y entregar a los presidentes centroamericanos el respectivo proyecto de tratado dentro de 150 días.

Estas elecciones se realizarán simultáneamente en todos los países de América Central en el primer semestre de 1988, en la fecha que oportunamente convendrán los presidentes de los estados centroamericanos. Estarán sujetas a la vigilancia de los órganos electorales correspondientes, comprometiéndose los respectivos gobiernos a extender invitación a las Naciones Unidas, así como la gobiernos de terceros estados, para que envíen observadores que deberán constatar que los procesos electorales se han regido por las más estrictas normas de igualdad de accesos de todos los partidos políticos a los medios de comunicación social, así como por amplias facilidades para que realicen manifestaciones públicas y todo tipo de propaganda proselitista.

A efecto de que las elecciones para integrar el Parlamento Centroamericano se celebren dentro del plazo que se señala en este apartado, el tratado constitutivo correspondiente deberá ser sometido a la aprobación o ratificación en los cinco países.

Luego de efectuadas las elecciones para integrar el Parlamento Centroamericano deberán realizarse, en cada país, con observadores internacionales e iguales garantías, dentro de los plazos establecidos y los calendarios que deberán proponerse de acuerdo con las actuales constituciones políticas, elecciones igualmente libres y democráticas para el nombramiento de representantes populares en los municipios, los congresos y asambleas legislativas y la Presidencia de la República.

5. Cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o a los movimientos insurreccionales

Los gobiernos de los cinco estados centroamericanos solicitarán a los gobiernos de la región y a los gobiernos extrarregionales que, abierta o veladamente, proporciona ayuda militar, logística, financiera, propagandística, en efectivos humanos, armamentos, municiones y equipo a fuerzas irregulares o movimientos insurreccionales, que cesen esa ayuda, como un elemento indispensable para lograr la paz estable y duradera en la región.

No queda comprendida en lo anterior la ayuda que se destine a repatriación o, en su defecto, reubicación y asistencia necesarias para la reintegración a la vida normal de aquellas personas que hayan pertenecido a dichos grupos o fuerzas. Igualmente solicitarán a las fuerzas irregulares y a los grupos insurgentes que actúan en América central, abstenerse de recibir esa ayuda, en aras de un auténtico espíritu latinoamericanista. Estas peticiones se harán en cumplimiento de lo establecido en el documento de objetivos en cuanto a eliminar el tráfico de armas, intrarregional o proveniente de fuera de la región, destinado a personas, organizaciones o grupos que intenten desestabilizar a los gobiernos de los países centroamericanos.

6. No uso del territorio para agredir a otros estados Los cinco países que suscriben este documento reiteran su compromiso de impedir el uso del propio territorio y no protestar ni permitir apoyo militar logístico a personas, organizaciones o grupos que intenten desestabilizar a los gobiernos de los países de Centroamérica.

7. Negociaciones en materia de seguridad, verificación, control y limitación de armamento

Los gobiernos de los cinco estados centroamericanos, con la participación del Grupo Contadora, en ejercicio de su función mediadora, proseguirán las negociaciones sobre los puntos pendientes de acuerdo, en materia de seguridad, verificación y control en el proyecto de Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica.

Estas negociaciones abarcarán también medidas para el desarme de las fuerzas irregulares que estén dispuestas a acogerse a los decretos de amnistía.

8. Refugiados y desplazados

Los gobiernos centroamericanos se comprometieron a atender con sentido de urgencia los flujos de refugiados y desplazados que la crisis regional ha provocado, mediante protección y asistencia, especialmente en los aspectos de salud, educación, trabajo y seguridad, así como facilitar su repatriación, reasentamiento o reubicación, siempre y cuando sea de carácter voluntario y se manifieste individualmente.

También se comprometen a gestionar ante la comunidad internacional ayuda para los refugiados y desplazados centroamericanos, tanto en forma directa, mediante convenios bilaterales o multilaterales, como por medio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otros organismos y agencias.

9. Cooperación, democracia y libertad para la paz y el desarrollo

En el clima de libertad que garantiza la democracia, los países de Centroamérica adoptarán los acuerdos que permitan acelerar el desarrollo, para alcanzar sociedades más igualitarias y libres de la miseria.

La consolidación de la democracia implica la creación de una economía de bienestar y de una democracia económica y social. Para lograr estos objetivos los gobiernos gestionarán conjuntamente un apoyo económico extraordinario de la comunidad internacional.

10. Verificación y seguimiento internacional

a) Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento.

Se creará una Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento conformada por los secretarios generales, o sus representantes, de la Organización de los Estados Americanos y de las Naciones Unidas, así como por los cancilleres de América Central, del Grupo Contadora y del Grupo de Apoyo. Esta comisión tendrá las funciones de verificación y seguimiento del cumplimiento de los compromisos contenidos en este documento.

b) Respaldo y facilidades a los mecanismos de reconciliación y de verificación y seguimiento.

Con el objeto de fortalecer la gestión de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento, los gobiernos de los cinco estados centroamericanos emitirán declaraciones de respaldo a su labor. A estas declaraciones podrán adherirse todas las naciones interesadas en promover la causa de la libertad, la democracia y la paz en Centroamérica.

Los cinco gobiernos brindarán todas las facilidades necesarias para el cabal cumplimiento de las funciones de verificación y seguimiento de la Comisión Nacional de Reconciliación de cada país y de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento.

11. Calendario de ejecución de compromisos

Dentro del plazo de 15 días a partir de la firma de este documento, los cancilleres de Centroamérica se reunirán en calidad de Comisión Ejecutiva para reglamentar, impulsar y viabilizar el cumplimiento de los acuerdos contenidos en el presente documento, y organizar las comisiones de trabajo para que a partir de esta fecha se inicien los procesos que conduzcan al cumplimiento de los compromisos contraídos dentro de los plazos estipulados, por medio de consultas, gestiones y demás mecanismos que se estimen necesarios.

A los 90 días, contados a partir de la fecha de la firma de este documento, entrarán a regir simultáneamente en forma pública los compromisos relacionados con amnistía, cese del fuego, democratización, cese de la ayuda a las fuerzas regulares o a los movimientos insurreccionales y no uso del territorio para agredir a otros estados, como se define en el presente documento.

A los 120 días a partir de la firma de este documento, la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento analizará el progreso en el cumplimiento de los acuerdos previstos en el presente documento.

A los 150 días, los cinco presidentes centroamericanos se reunirán y recibirán un informe de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento y tomarán las decisiones pertinentes.

Disposiciones finales

Los puntos comprendidos en este documento forman un todo armónico e indivisible. Su firma entraña la obligación, aceptada de buena fe, de cumplir simultáneamente lo acordado en los plazos establecidos.

Los presidentes de los cinco estados de la América Central con la voluntad política de responder a los anhelos de paz de nuestros pueblos lo suscribimos en la ciudad de Guatemala, a los siete días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y siete.

Guatemala, por su parte, enfrentaba serias dificultades para avanzar en la reconciliación nacional. El 8 y 9 de octubre en Madrid, España, se dieron las primeras conversaciones de paz en 25 años entre el gobierno de Guatemala y los grupos guerrilleros de ese país agrupados en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Trascendió que la URNG solicitó desmantelar las estructuras de control sobre la población, aclarar 38 000 desapariciones, un cese al fuego y continuidad en el diálogo. El gobierno había declarado que los insurgentes deberían deponer las armas e incorporarse a la vida política en un marco institucional. Cuatro días después, el ejército guatemalteco ratificó la decisión anunciada por el gobierno de suspender las pláticas con el movimiento rebelde, misma que provocó pesar y asombro en los voceros de éste que aún se encontraban en Madrid.

Entretanto, el gobierno de Estados Unidos minimizó las medidas aplicadas por Nicaragua, reiteró su intención de continuar financiando a la contra, y centró sus propuestas en la necesidad de un diálogo directo entre ésta y las autoridades sandinistas. El 28 de septiembre en Nueva York, en una cena ofrecida a los cancilleres y jefes de las delegaciones de América Latina y el Caribe que asistían a la XLII Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario de Estado norteamericano, George Shultz, evaluó el avance del Acuerdo de Guatemala comparando las medidas adoptadas en El Salvador y Nicaragua. Tras destacar que en el primer país estaba por realizarse -el 4 de octubre- un diálogo gobierno-guerrilla, solicitó que el régimen nicaragüense fuera más allá "de la retórica y del principio abstracto" y aceptara negociar sus diferencias con todos los grupos de oposición, incluida la "resistencia". La comparación entre el cumplimiento del plan de paz en El Salvador y en Nicaragua fue una constante en la valoración que el gobierno de Estados Unidos hizo por esas fechas de la actuación de los países centroamericanos.

Durante ese período, aunque todos los gobiernos centroamericanos consideraban que había un avance en el proceso de pacificación, persistían las exigencias entre ellos. Costa Rica pedía que las autoridades sandinistas negociaran directamente con la contra, mientras continuaba en sus esfuerzos por mediar entre el FMLN-FDR y el gobierno salvadoreño y por tratar de obtener del régimen de Reagan la suspensión de la ayuda militar a los contras. A su vez, el gobierno salvadoreño instaba a las autoridades nicaragüenses a que emularan su diálogo con grupos armados, al tiempo que les solicitaba cesaran el apoyo que supuestamente brindaban a la subversión en su territorio. Esa petición también se la hizo al gobierno de Panamá al poco tiempo de la suscripción de los acuerdos del 7 de agosto y, meses después, en noviembre, al de México. Este último pronunciamiento fue contestado por la Secretaría de Relaciones Exteriores con un comunicado, emitido el 5 de noviembre, en que se desmentían categóricamente dichas acusaciones.

El gobierno de Nicaragua exhortaba al de Honduras a expulsar a los contras ahí asentados, y seguía invitando insistentemente a Estados Unidos a dialogar y a que respetara la voluntad centroamericana expresada en el acuerdo de paz.

A su vez, los miembros de los grupos Contadora y de Apoyo se congratulaban de los avances del proceso de pacificación en el área, y hacían constantes llamados a países de fuera de la zona con "intereses y vínculos" en la región para que cesaran su injerencia y no inhibieran los esfuerzos en pro de la paz. Al mismo tiempo, apelaron a la Comunidad Económica Europea para que participara con asistencia técnica y financiera en las tareas de verificación en materia de seguridad, y a incrementar su cooperación económica con la región.

Se crearon también las distintas comisiones y grupos de trabajo encargados de vigilar y ayudar en el cumplimiento de los compromisos, conforme a las fechas establecidas en el Acuerdo de Guatemala. Así, los cancilleres centroamericanos se constituyeron en Comisión Ejecutiva desde agosto y, conjuntamente con los secretarios generales de la ONU y de la OEA, así como con los cancilleres de los grupos Contadora y de Apoyo, instalaron en septiembre la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento.

Los acontecimientos en Centroamérica estaban demostrando la solidez de la voluntad política de los gobiernos de la región por conseguir la paz.

En opinión de diversos articulistas, las medidas tomadas en el marco de Esquipulas II desmentían el argumento estadounidense de que su política exterior en la zona obedecía a los intereses de los propios países centroamericanos -Honduras y El Salvador- y de que era imposible lograr la paz sin su intervención. Estos editorialistas consideraban que la autonomía mostrada por los gobiernos del área había abierto posibilidades de un arreglo sin la participación de Estados Unidos y permitido a la oposición demócrata en ese país plantear otras opciones de política exterior para el istmo centroamericano.

En agosto de 1987 la tendencia a desplazar la política de fuerza estadounidense en la región se había mostrado claramente. En las próximas semanas se consolidaría. El 11 de septiembre, el líder de la mayoría del Senado declaró que el gobierno de su país adoptaría una táctica "estúpida" si solicitaba más ayuda para la contra antes del 5 de noviembre, día en que culminaba la primera fase del Acuerdo de Guatemala. Siete días después, ese organismo legislativo rechazó (61-31) una propuesta del Ejecutivo de asistencia a los antisandinistas por 310 millones de dólares, en lo que fue interpretado como un "sondeo" de la actitud de la Cámara Alta. Sin embargo, el Congreso mantenía aún sus reservas sobre la evolución de la pacificación en Centroamérica. Así, hacia finales del mes, esa institución otorgó un fondo de "subsistencia" por 3.5 millones de dólares para abastecer de víveres y medicinas a los contrarrevolucionarios.

Por esas fechas, el respaldo internacional al proceso de paz se manifestó de manera concreta. El 23 de septiembre, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, a excepción de Estados Unidos, expresaron su apoyo decidido al Acuerdo de Guatemala. Dos semanas después, la Asamblea General de ese mismo organismo emitió una resolución unánime en respaldo de los esfuerzos de pacificación, que además autorizaba a las Naciones Unidas a realizar la verificación de los compromisos centroamericanos, y solicitaba a su Secretario General la promoción de un plan de cooperación para la región. Asimismo, el 13 de octubre, el comité noruego encargado de conferir el polémico y prestigioso premio Nobel de la Paz acordó otorgárselo al presidente de Costa Rica, Oscar Arias. La noticia fue recibida con júbilo en todo el mundo. Sin desconocer los méritos personales de Arias, se interpretó que el galardón era un reconocimiento a las gestiones de paz de las cinco naciones del istmo y al Grupo Contadora, iniciador de esos esfuerzos. El aislamiento de la postura estadounidense era a todas luces evidente.

Mientras los gobiernos centroamericanos continuaban avanzando, aunque con altibajos, en su empeño por lograr la conciliación regional, el 14 de octubre el presidente de El Salvador inició una visita a Estados Unidos, donde se entrevistó con el mandatario norteamericano para revisar los adelantos del Acuerdo de Esquipulas y la crisis económica salvadoreña. Duarte, en obvia referencia a Nicaragua, advirtió que las medidas "cosméticas" o "a medias" no serían suficientes para consolidar la paz en Centroamérica, y urgió al país anfitrión a hacer lo necesario para garantizar que la región no cayera víctima del "totalitarismo opresor". No obstante, solicitó se detuviera el envío de asistencia bélica a los antisandinistas hasta la evaluación formal del acuerdo. En un gesto extraordinario, que fue muy criticado, el dirigente centroamericano rompió el protocolo y besó la bandera estadounidense. También el presidente de Honduras visitó por esos días Estados Unidos. El 21 de octubre, exhortó al gobierno norteamericano a no debilitar la opción que representaban los cambios en la zona centroamericana. A ambos invitados el gobierno estadounidense les reafirmó tercamente su posición. El 24 de ese mes, el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos declaró que sería una "auténtica pesadilla" si el Congreso de su país decidía cortar la ayuda a los contras nicaragüenses.

Por esas fechas el proceso salvadoreño enfrentó difíciles obstáculos. El 26 de octubre, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Hebert Anaya, fue asesinado por presuntos miembros de los ultraderechistas "escuadrones de la muerte". El suceso provocó que el FMLN desistiera temporalmente de acudir a una reunión con delegados del gobierno que habría de realizarse en México. Esta junta había sido programada al concluir días atrás, sin mayores resultados, una ronda de pláticas en Caracas, Venezuela.

Por otra parte, el 27 y 28 de octubre, los cancilleres centroamericanos sostuvieron en San José, Costa Rica, su tercera reunión en el marco de los acuerdos de paz. En esa ocasión, refrendaron los puntos esenciales de dicho plan y el principio de simultaneidad en su implantación.

Finalmente llegó el día que tanta expectación y conjeturas había despertado: el 5 de noviembre, fecha que concluía la primera etapa contemplada en el Acuerdo de Guatemala. Ese día, las autoridades de Nicaragua anunciaron su disposición a negociar el alto al fuego con los contras por medio de un representante, así como la liberación de presos políticos, la posibilidad de levantar el estado de emergencia y decretar una amnistía general si el gobierno norteamericano suspendía su financiamiento a los antisandinistas. El presidente de Costa Rica hizo un nuevo llamado a los gobiernos de Nicaragua y El Salvador. Al primero para que negociara el alto al fuego con la contra y al segundo para que continuara las pláticas con los insurgentes. A su vez, el gobierno salvadoreño declaró un alto al fuego unilateral en su país. Por su parte, las autoridades de Guatemala y Honduras se abstuvieron de emitir pronunciamiento alguno. Un amplio grupo de editorialistas y comentaristas calificó de positivo, aunque moderado, el desarrollo del proceso pacificador en Centroamérica durante los últimos 90 días. En general, resaltaron que si había asombrado la suscripción del Acuerdo de Guatemala el 7 de agosto, más sorprendente había resultado la forma decidida en que los gobiernos centroamericanos estaban aplicando las medidas acordadas y cumpliendo los plazos establecidos. Todo ello, coincidieron, había generado un ambiente de cauteloso optimismo. Concluyeron que un avance posterior dependería en mucho de la voluntad de todos los actores regionales por hacer concesiones mutuas y buscar "fórmulas realistas y equilibradas de paz y convivencia".

Por su parte, la prensa estadounidense señaló que el gobierno de Reagan había sido desplazado del debate que una vez encabezó. Indicó que en ese momento se hallaba al margen de la "agenda centroamericana", y criticó su incapacidad para presionar en favor de la adopción de medidas de seguridad más estrictas en la zona. Atribuyó ese resultado a la inexistencia de una política regional alternativa en el seno del gobierno, el cual terminó limitándose a brindar asistencia a la contrarrevolución en Nicaragua. En su opinión, la Casa Blanca había subestimado la evolución del proceso de pacificación de los centroamericanos e incluso el apoyo que éste encontraría dentro de su propio país. También fue muy comentado el fortalecimiento en el opositor Partido Demócrata de una opción distinta para este problema ante los nuevos sucesos centroamericanos, que contemplaba la búsqueda de una salida negociada con el régimen sandinista.

En el calendario del proceso pacificador de América Central comenzaba la segunda etapa que debería culminar 60 días después, el 5 de enero de 1988, con una reunión de los presidentes centroamericanos en la que recibirían el informe de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento sobre el cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan de Paz, para proceder a su evaluación y discusión conjunta. La atención de los actores regionales y de fuera de la zona y de la opinión pública se centró a partir de ese momento en la nueva fecha y en todos los acontecimientos relacionados con ella. No se tuvo que esperar mucho, pues los esfuerzos en pro de la paz y las reacciones que generaban eran continuos.

Del 10 al 15 de noviembre, el gobierno nicaragüense efectuó una importante ofensiva diplomática en Washington. El presidente Daniel Ortega acudió a los medios de comunicación, se presentó ante legisladores y hombres de negocios, y participó en la XVII Asamblea General de la OEA para plantear propuestas concretas encaminadas a normalizar las relaciones con Estados Unidos y lograr un arreglo definitivo con la contrarrevolución. Un día antes, el 9, el presidente Ronald Reagan había aseverado en ese organismo regional que su gobierno estaba dispuesto a sostener una ronda de negociaciones con los líderes centroamericanos, paralela a la concertación en el área, en la que se incluiría a Nicaragua si ésta entablaba un diálogo "serio" con la contrarrevolución. En esa ocasión, el mandatario estadounidense aludió al nuevo contexto generado por la tendencia negociadora al declarar que "los días del coloso del norte han terminado, se fueron para siempre". En respuesta, Ortega ofreció satisfacer viejas demandas norteamericanas relativas a la disminución de sus fuerzas armadas, el retiro de asesores soviéticos y cubanos, la garantía de no instalar bases de la URSS ni de ayudar a movimientos subversivos en el exterior, a cambio de la suspensión del financiamiento a la contra. Además, el 13 de noviembre entregó al cardenal Obando y Bravo, intermediario en las negociaciones con los antisandinistas, un plan de 11 puntos. Todo parecía indicar que había posibilidades de conseguir la paz. Así lo expresó el canciller mexicano Bernardo Sepúlveda Amor en su intervención en la citada Asamblea General de la OEA, el día 9, luego de señalar que América Latina había abandonado sus vínculos de dependencia con los poderes mundiales.


Frontera de Nicaragua con Costa Rica

Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos enfrentaba nuevos problemas que le hacían más difícil seguir manteniendo su política hacia la región. A fines de octubre se había presentado una fuerte baja en los índices del mercado de valores de ese país que provocó las pérdidas más grandes desde la crisis de 1929. Ante este suceso, el gabinete económico norteamericano reaccionó tardíamente con medidas que no consiguieron recuperar la estabilidad del mercado. El quebranto económico y sus secuelas reavivaron el debate nacional en torno a la fuerte crisis de legitimidad que afrontaba el gobierno.

Numerosos especialistas y editorialistas dedicaron amplio espacio al análisis de los incidentes que habían deteriorado enormemente la credibilidad del régimen de Reagan. Coincidieron en señalar que una sucesión de escándalos sobre corrupción de funcionarios y personalidades públicas fue minando paulatinamente el ambiente de renovación nacional en el que se había inscrito el ascenso del reaganismo a principios de la década de los ochenta.

Asimismo, estuvieron de acuerdo en identificar el escándalo Irancontras como el detonador que alertó a la opinión pública sobre los límites del proyecto del nuevo gobierno y anunció el inicio de su declive. Desde su punto de vista, el Irangate había evidenciado el comienzo de la fractura de la llamada Revolución Neoconservadora que implicaba el reaganismo en todas las esferas de la vida nacional.

En lo político, los republicanos no habían podido conquistar la mayoría en el Congreso ni en las gubernaturas. En lo económico, el ritmo de crecimiento de los últimos años empezó a desacelerarse, poniendo de relieve, además, el descontrol de la deuda y el déficit presupuestario y comercial. En lo cultural y social, los intentos por hacer prevalecer una serie de valores conservadores no se consolidaron. El Ejecutivo estadounidense no logró promover cambios importantes en la legislación nacional, y su debilitamiento se demostró al ser incapaz de conseguir una mayoría conservadora en la composición de la Suprema Corte de Justicia, debido a que el Congreso rechazó en dos ocasiones a los jueces nominados por Reagan para presidir ese organismo judicial.

Además, entre esos especialistas hubo consenso en que la política exterior era el área más afectada. Indicaron que las audiencias del escándalo Irancontras descubrieron la participación de particulares en la formulación de la política exterior. Explicaron esto como resultado de la creación de una vía clandestina, paralela a los canales institucionales de las relaciones exteriores, y del arribo al Estado de dirigentes que transgredieron el espíritu de las leyes y los principios fundamentales del sistema político (equilibrio de poderes) al actuar con base en una interpretación personal de éstos.

Otro aspecto que quedó también al descubierto durante las investigaciones de este escándalo fue el de los mecanismos de presión que algunos funcionarios estadounidenses utilizaban en países latinoamericanos para imponer su política en la región. Se citaron como ejemplos concretos la injerencia norteamericana en Panamá y en Costa Rica.

Por otra parte, la tensión que imperaba desde 1986 en las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, debido a los reclamos norteamericanos por la supuesta vinculación del gobierno y de los mandos militares panameños al tráfico de drogas y armas, y por sus relaciones con Cuba, se agravó cuando el 26 de junio el Senado estadounidense aprobó una resolución que pedía al gobierno centroamericano la renuncia del jefe de las fuerzas armadas, general M. Antonio Noriega, exigía nuevas elecciones y una mayor democratización interna. Las demandas norteamericanas fueron motivadas por los disturbios que tuvieron lugar en el país centroamericano a partir de unas versiones que implicaron al general Noriega, considerado el "hombre fuerte del país", en el asesinato del también general Omar Torrijos y en un supuesto fraude en las últimas elecciones presidenciales. Las presiones norteamericanas fueron descalificadas por el mandatario de Panamá, Eric Delvalle, y por la Asamblea Legislativa, cuyo presidente les atribuyó la intención de eliminar a Panamá del Grupo Contadora. Asimismo, el caso fue llevado a la OEA, cuya Comisión Permanente resolvió de manera unánime el 1 de julio rechazar la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Panamá, externando así su solidaridad con ese país. Dicha comisión manifestó además que era del interés regional el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter sobre la devolución del Canal de Panamá a la soberanía de la nación centroamericana a partir del año 2000.

En el caso de Costa Rica, el informe de una de las comisiones creadas para investigar el incidente Irancontras, la Comisión Tower, divulgado a mediados del año, y las declaraciones del ex embajador de Estados Unidos en Costa Rica, Lewis Tambs, en su comparecencia de mayo en relación con este escándalo, revelaron que diversos funcionarios de Estados Unidos, principalmente Elliot Abrams y el coronel Oliver North, habían amenazado a altas autoridades costarricenses, incluido el presidente Arias, con suspender la asistencia económica norteamericana a ese país (80 millones de dólares) si se publicaba la existencia de una pista aérea secreta en Potrero Grande, en el noreste de Costa Rica, misma que se suponía fue utilizada en junio de 1986 para suministrar pertrechos a la contra nicaragüense. No obstante, el mandatario costarricense negó haber recibido ese tipo de presiones o siquiera haberse entrevistado con los citados funcionarios estadounidenses.

A esta situación se añadía la proximidad de las elecciones presidenciales, que vinieron a debilitar aún más la ya endeble posición de un gobierno que, sin la perspectiva de una segunda reelección, se aproximaba a su final.

En ese contexto, el régimen de Reagan optó por posponer su petición de asistencia bélica a la contra para inicios de 1988, y expresó su propósito de dar oportunidades a la paz en Centroamérica.

Ante el inmovilismo del Ejecutivo frente a los nuevos sucesos en la región centroamericana y el vacío que dejaba en la política regional, los legisladores demócratas aumentaron su participación en el proceso pacificador. El presidente de la Cámara de Representantes, Jim Wright, se entrevistó con el Jefe de Estado de Nicaragua y con el cardenal Obando y Bravo para promover la realización de pláticas entre el gobierno sandinista y la contra. Estas gestiones recibieron fuertes críticas de altos funcionarios del gobierno norteamericano, quienes acusaron al líder del Poder Legislativo de usurpar funciones de política exterior que no le correspondían. El 7 de noviembre, Wright contestó que dichas acusaciones provenían sólo de un "pequeño grupo" de funcionarios del Departamento de Estado "aterrorizados porque la paz pueda explotar en Centroamérica", que maniobraba secretamente para sabotear el Acuerdo de Guatemala. En el mismo sentido se pronunció un día después el ex presidente James Carter.

La conjunción de sucesos internos en Estados Unidos y la firme decisión de los centroamericanos de alcanzar la paz hicieron pensar que la tendencia negociadora había adquirido fuerza suficiente para seguir avanzando y para que se llevara a cabo la segunda etapa del proceso pacificador. Era evidente que, independientemente de los resultados técnicos de la agenda centroamericana, la evolución reciente de los sucesos en el área arrojaba, por sí misma, un resultado alentador.

 
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